El caso de las viviendas de VPP de Les Naus en Alicante dio ayer giro judicial que podría tener consecuencias penales directas para el exconcejal del PP Toni Gallego. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante remitió al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad un paquete de pruebas documentales que contradicen frontalmente las declaraciones realizadas por el exedil tanto en las Cortes Valencianas como ante la propia juez instructora. La documentación aportada sugiere que Gallego mintió sobre el momento en que tuvo conocimiento de que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, había sido una de las adjudicatarias de una vivienda en la promoción. Este hecho que podría constituir un delito de falso testimonio al haber declarado bajo juramento en sede judicial y parlamentaria.
La controversia se remonta al pleno municipal del 25 de julio de 2024, cuando Gallego, que acababa de asumir las competencias de Patrimonio, intervino de manera supuestamente improvisada para responder a una pregunta de Compromís sobre Les Naus en sustitución de Gómez. En sus declaraciones posteriores, tanto ante la comisión de investigación de las Cortes como ante la juez, Gallego sostuvo que fue la propia Rocío Gómez quien, escasos minutos antes del inicio del pleno, le confesó que “tenía una casa ahí” y le pidió que la sustituyera en la respuesta.
Esta versión, que pintaba una escena de confidencia urgente y sorpresa, ha sido ahora desmontada por el equipo de Gobierno municipal, que ha remitido al juzgado documentos que demuestran que el reparto de iniciativas y el guion del pleno estaban cerrados días antes, sin espacio para cambios de última hora no planificados.
El escrito presentado por los populares ante la juez no solo aporta correos electrónicos internos y actas preparatorias del pleno, sino que también abre explícitamente la posibilidad de que se tramite una pieza separada de investigación contra Gallego por falso testimonio. En el derecho penal español, el falso testimonio se configura cuando un testigo, obligado a decir verdad, miente de manera relevante para el caso ante un tribunal o comisión con capacidad investigadora.
Dado que Gallego declaró bajo juramento en las Cortes Valencianas y ha ratificado su versión ante la juez de Instrucción, la aportación de pruebas que demuestren su conocimiento previo de los hechos podría activar una nueva línea de investigación penal independiente del núcleo principal del caso Les Naus.
Frente a esta ofensiva documental, la oposición socialista ha intentado articular una defensa basada en suposiciones. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha señalado que el correo electrónico aportado por el vicealcalde Manuel Villar no demuestra que Gallego abriera efectivamente el documento ni que leyera su contenido, argumentando que “para nosotros esto es papel mojado”.
Según esta tesis, la mera existencia de un mensaje en un servidor no prueba su lectura, por lo que la versión de Gallego seguiría siendo verosímil. Sin embargo, esta argumentación ha sido calificada de inverosímil por fuentes del Gobierno municipal, que recuerdan que un concejal en activo, especialmente uno que va a intervenir en un pleno sobre una materia tan sensible, tiene la obligación política y administrativa de prepararse mínimamente, lo que implica revisar la documentación oficial remitida por su propio grupo.
La tensión entre ambas versiones ha trasladado el foco del caso desde la posible responsabilidad del alcalde Luis Barcala, que hasta ahora no ha sido implicado directamente por ningún investigado, hacia la credibilidad de un exconcejal que abandonó el equipo de gobierno en junio de 2025. Mientras la oposición insiste en que “nadie se cree” un cambio de guion en el pleno sin el conocimiento de la Alcaldía, el PP responde que esas son “conjeturas sin pruebas” y que, en cambio, sí disponen de documentación que acredita que Gallego sabía días antes que debía intervenir en ese punto del orden del día.
Gallego tuvo que dimitir tras las presiones de Vox por su mala gestión económica en el consistorio que provocó una intervención por incumplir la regla de gasto. Y su salida no fue precisamente amistosa pese a que entonces declaró: "No soy político, no vivo de esto. De hecho, voy a irme y voy a cobrar el doble de lo que estoy cobrando aquí, y creo que voy a ser mucho más feliz".
La juez de Instrucción número 5 tendrá ahora que valorar si las nuevas pruebas justifican abrir una investigación específica por falso testimonio, un delito que contempla penas de prisión y multa para quienes mientan bajo juramento en procedimientos judiciales o parlamentarios.