El caso de las VPP de Les Naus, donde alrededor de una decena de adjudicatarios de un piso (de 140 que tiene la promoción), pueden haber cometido irregularidades, se dirime en el juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante con 15 investigados. Pero el caso no tiene mayor recorrido, al menos político, si no se implica directamente al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), en los posibles ocultamientos por parte de la exconcejal Rocío Gómez, la técnico Pérez-Hickman , y dos arquitectos municipales de que eran adjudicatarios de las viviendas. La concejal ya dimitió, y la técnico y los arquitectos fueron expedientados. Ahí acaba, por el momento, la polémica municipal.
Por el momento no parece que las acusaciones hayan podido articular un relato coherente y con pruebas de que Barcala haya cometido ninguna ilegalidad en este caso. Ni siquiera, después de la declaración de otro exconcejal, Toni Gallego, que cesó hace más de un año (junio de 2025) por incumplir el techo de gasto y las presiones de Vox para que dejase el equipo de Gobierno municipal.
El exedil ratificó ayer ante la jueza de Instrucción número 5 que, escasos minutos antes del pleno del 25 de julio de 2024, la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez le confesó que "tenía una casa ahí" para pedirle que respondiera en su lugar a una pregunta parlamentaria de Compromís sobre el residencial. Gallego, que acababa de asumir Patrimonio, sostiene que esa conversación fue el único motivo de su intervención improvisada.
Sin embargo, al ser preguntado a la salida de los juzgados sobre si el alcalde conocía esta circunstancia, Gallego admitió su absoluto desconocimiento con una frase lapidaria: "Es lo único que puedo aportar". Su testimonio constata una confidencia entre compañeros de filas, pero no conecta en ningún momento la información con el despacho de Alcaldía.
Frente a este relato de la imprevisión y el cambio de última hora, el equipo de Gobierno municipal ha reaccionado desmintiendo categóricamente la versión de Gallego. El vicealcalde, Manuel Villar, ha asegurado con "total rotundidad" que el exconcejal supo "días antes" de la sesión plenaria que era el encargado de defender esa respuesta, al tratarse de una competencia de Patrimonio que ya había asumido oficialmente.
El ejecutivo municipal contrapone la memoria del exedil a la realidad de los hechos asegurando que existe una prueba documental (que verá la luz en breve) que acredita que el reparto de iniciativas estaba fijado con antelación en los guiones del pleno. Según la versión del Gobierno de Barcala, no hubo sorpresas ni maniobras de ocultación en el momento de dar la palabra a Gallego, sino el cumplimiento de una asignación previa conocida por el resto de ediles.
Ante la falta de pruebas directas, la oposición municipal y las acusaciones han optado por articular un discurso basado en deducciones e inferencias lógicas. Tras la testifical de Gallego, la acusación ejercida por Ciudadanos (Cs) que ni siquiera alcanzó representación municipal ni autonómica en mayo de 2023, deduce que si el alcalde dio la palabra a Gallego sin dudar durante el pleno, es porque ese cambio ya figuraba en el "libro de plenos" que sirve de guion al regidor.
A partir de esa premisa, el letrado del partido político en disolución, sostiene que la modificación en el guion tuvo que ser notificada esa misma mañana por Gómez a la alcaldía, deduciendo así que el primer edil "ya sabía antes de empezar el pleno" que la concejala estaba salpicada por la polémica.
En una línea similar, PSPV y Compromís se apoyan en estas conjeturas para exigir responsabilidades políticas al máximo nivel. La portavocía socialista sostiene que "nadie se cree" un intercambio de papeles en el pleno sin el plácet de Barcala, vinculando directamente a esa sospecha el traspaso previo de las competencias de Patrimonio. Por su parte, la coalición nacionalista califica de inverosímil que el entorno del gobierno conociera la adjudicación y el alcalde permaneciera ajeno, exigiendo su dimisión por considerar que escondió la información.
Pero todas estas acusaciones sin pruebas se dan de frente con el límite del procedimiento judicial. Ni la exconcejala Rocío Gómez ha declarado haber informado al alcalde, ni Toni Gallego ha aportado un solo indicio de que Barcala estuviera al tanto de la confidencia. Toda la presión de la oposición pivota sobre un terreno estrictamente político e interpretativo: la suposición de que el alcalde "debía saberlo". Una hipótesis que, a la luz de los testimonios recopilados en el sumario y a falta de que la causa avance con nuevas diligencias o documentación, carece por completo de respaldo probatorio en la sede judicial.