Este miércoles, Alicante ha sido testigo del desahucio de Edurne, de 65 años, junto a su hija de 41 y su perro. "La policía se nos ha adelantado", asegura a EL ESPAÑOL Carlos Pastor, del Sindicato de Vivienda Carolinas Altas.
El reloj marcaba las 7.40 cuando miembros del sindicato llegaron a los pies del edificio en el que esta familia estaba a punto de dejar su hogar. Una hora que no ha permitido a los activistas parar el desahucio, pues la policía ya se encontraba bloqueando la puerta "llegaron solo cinco minutos antes, impidiéndonos entrar y mostrar resistencia", aseguran desde el sindicato.
Todo empezó en mayo de 2024, cuando las afectadas se quedan sin fuentes de ingresos al agotarse la herencia del padre de familia. Ante la imposibilidad de hacer frente al alquiler, acuerdan con el casero no abonarlo durante dos meses mientras intentaban negociar ayuda con la familia paterna, que finalmente declina su apoyo.
Los activistas, en la acerca de la izquierda, junto al coche de la policía en la acera de la derecha.
A partir de diciembre de 2025 dejan de pagar oficialmente. Semanas después llega la orden de desahucio, ejecutada este miércoles con una celeridad que, según Pastor, resulta inusual: “Normalmente tardan mucho más porque los juzgados suelen estar bastante saturados con este tipo de casos, pero como el propietario parece ser que trabaja en los juzgados, pues se ve que ha ido bastante rápido”.
Salud mental
Ambas mujeres padecen graves problemas de salud mental que les impiden desarrollar una vida normal y acceder al mercado laboral. “La madre sufre ansiedad y la hija no puede acceder a un empleo por sufrir hasta seis trastornos mentalmente diagnosticados”, explica Pastor. Uno de ellos es agorafobia, un trastorno de ansiedad en el que se temen y evitan situaciones o lugares públicos por el miedo a no poder escapar o recibir ayuda si se sufre un ataque de pánico.
La hija lleva varios años sin trabajar debido a su estado de salud, y la madre tampoco puede hacerlo. No cuentan con apoyo familiar ni laboral, y hasta la fecha no han encontrado ninguna solución habitacional ni económica que les permita salir de esta situación.
"Solo siete días"
Tras el desalojo, los servicios sociales del centro de Alicante han tramitado una ayuda de emergencia consistente en siete días en una pensión. “Después de esos días, no se sabe qué va a pasar con ellas”, reconoce Pastor. Además, la familia se ha visto obligada a separarse de su perro, que ejercía como animal de apoyo para la hija, al no poder alojarlo en el alojamiento temporal. "Esto ha sido lo más duro", asegura Pastor.
El Sindicato de Vivienda Carolinas Altas lleva años parando desahucios mediante la resistencia en la puerta del inmueble y la negociación con la comitiva judicial.
En este caso, sin embargo, no hubo margen de actuación. “Hemos parado bastantes desahucios y ha habido casos incluso en los que hemos parado el mismo desahucio, la misma persona en repetidas ocasiones hasta tres veces, pero en este caso sospechamos que la policía tiene acceso a nuestra información de alguna manera porque se están adelantando todo el rato”, afirma Pastor.
Según el activista, la policía llegó cinco minutos antes que los miembros del sindicato, lo que les impidió ejercer la resistencia habitual. “La policía ha ocupado el portal del edificio para que la comitiva judicial pudiera pasar tranquilamente”, explica. Aunque reconoce que sus grupos de WhatsApp y asambleas están abiertos a cualquier persona, la coincidencia de horarios les genera "impotencia y desconfianza".