La publicación de las respuestas del segundo ejercicio del proceso selectivo para cubrir 17 plazas de Auxiliar de Servicios Generales en el Ayuntamiento de Alicante (conserjes y ordenanzas) ha provocado un encendido malestar entre los aspirantes. Tras haber superado una primera fase eliminatoria en la que quedaron fuera más de 700 personas, cerca de medio millar de opositores acudieron a este examen con la expectativa de enfrentarse a un cuestionario acorde a las funciones operativas del puesto.
Sin embargo, el contenido de la prueba ha desatado una oleada de indignación por lo que consideran un nivel de exigencia desproporcionado, con preguntas tan rebuscadas e hiperespecíficas que han levantado serias sospechas sobre una posible filtración del examen para beneficiar a un grupo reducido de candidatos.
El sentimiento generalizado entre los opositores es que el ejercicio fue diseñado con la intención explícita de actuar como una criba insuperable para la inmensa mayoría de los participantes. Quienes han dedicado meses de preparación técnica y teórica denuncian que varias de las cuestiones planteadas no buscaban evaluar la capacidad general ni los conocimientos prácticos exigibles a un conserje o auxiliar, sino acorralar al aspirante con detalles extramuros del temario habitual.
La principal sospecha radica en que solo aquellas personas que hubieran tenido acceso previo al cuestionario elaborado por el tribunal de selección estaban en condiciones de responder correctamente a determinados enunciados. “Algunas preguntas solo las podrían saber si les hubiesen filtrado el examen previamente”, denuncia uno de los opositores
Entre los puntos más criticados del examen figura un bloque de preguntas sobre geografía urbana y sedes institucionales que ha causado perplejidad entre los opositores. La indignación alcanzó su punto álgido ante una pregunta sobre el callejero municipal que cuestionaba por el nombre de una biblioteca pública de la ciudad.
Según denuncian los propios afectados, la respuesta considerada correcta se refiere a una instalación que lleva más de dos décadas cerrada al público y cuya existencia es completamente desconocida para la ciudadanía en general.
La pregunta era la siguiente: “¿Cuál de los siguientes nombres corresponde a una Biblioteca Municipal de Alicante? a) San Agustín. b) El Puesto. c) El Puente. d) Isla Tabarca”. La respuesta correcta es la c, pero la infraestructura cultural lleva dos décadas cerrada.
Igualmente controvertido ha resultado el bloque dedicado a tareas de mantenimiento técnico y oficios prácticos, donde el grado de especialización exigido ha sido tachado de disparatado. Los aspirantes señalan que las preguntas referidas a electricidad, fontanería o carpintería trascendieron con creces la operativa básica que corresponde a un auxiliar de servicios, un perfil que además cuenta con el respaldo de un servicio técnico municipal de mantenimiento para reparaciones complejas.
En el caso de la fontanería, se llegó a preguntar por la causa exacta del goteo continuo en un grifo monomando cerrado, una avería cuya solución técnica específica solo suele estar al alcance de un profesional del sector.
En materia eléctrica, las críticas se intensifican al analizar cuestiones sobre el funcionamiento de componentes como los fluorescentes o los riesgos asociados al uso de alargadores. En lugar de preguntar por la medida preventiva estándar que exige desenrollar un cable para evitar que se caliente durante su uso, el cuestionario planteaba una disyuntiva teórica plagada de tecnicismos donde los opositores debían identificar la causa exacta del sobrecalentamiento distinguiendo entre conceptos físicos teóricos como el efecto Joule y la inducción electromagnética.
Los afectados consideran que este enfoque hipertécnico no evalúa la destreza o la prevención en el puesto de trabajo, sino que busca confundir deliberadamente a quien no conoce de antemano la formulación exacta del tribunal.
Frente a esta situación, la indignación colectiva ha comenzado a articularse en iniciativas de protesta. Aunque el tribunal ha abierto el plazo reglamentario de tres días hábiles para presentar alegaciones individuales a la plantilla de respuestas, numerosos aspirantes coinciden en que la vía administrativa ordinaria resulta insuficiente ante lo que califican como un proceso empañado por la sospecha.
Algunos opositores incluso estudian acudir a la Agencia Valenciana Antifraude y no descartan emprender acciones legales conjuntas para solicitar la revisión exhaustiva del proceso o la impugnación de las preguntas más controvertidas.
Exigen que se garanticen de manera efectiva los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, considerando que el examen celebrado no midió la preparación real de los candidatos, sino la fortuna de encontrarse con preguntas indescifrables para el común de los aspirantes.