La crisis por la adjudicación de viviendas de protección en Alicante ha dado un salto político con la escenificación de un frente común de PSOE, Compromís e Izquierda Unida-Podem para exigir la dimisión inmediata del alcalde, Luis Barcala.

En una rueda de prensa conjunta este viernes, las tres formaciones han anunciado un pleno monográfico en febrero, una declaración institucional de reprobación y una batería de iniciativas para reforzar el control de la vivienda pública y frenar la especulación con suelo municipal.

En cuanto a si VOX se unirá a esa petición, los líderes de izquierda aseguran que "cada partido hará lo que crea conveniente", descartando así un diálogo previo con la formación.

PSOE habla de "fracaso institucional"

La portavoz socialista, Ana Barceló, enmarca el caso en un "escándalo" que "cada día se va ensanchando más" y que ha pasado de la adjudicación de VPO a cargos y personas vinculadas al PP a la sospecha de que algunos adjudicatarios ni siquiera residen en las viviendas e incluso las tendrían alquiladas.

"Detrás puede haber una especulación contraria al derecho a la vivienda y a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante de acceder a una vivienda a un precio razonable y asequible", advierte.

Barceló habla abiertamente de "fracaso institucional" y señaló a Barcala como responsable de no haber previsto controles suficientes en unos pliegos que partían de suelo público.

Recuerda que los tres grupos han pedido una comisión de seguimiento y que "todavía no se ha convocado", pese a las "dudas más que razonables" sobre el proceso de adjudicación: "El señor Barcala no puede excusarse en que este control lo tenía solo la Generalitat cuando en los pliegos podía haber establecido perfectamente mecanismos para garantizar que las viviendas llegaran a quienes cumplían los requisitos".

La socialista defiende que el pleno de febrero sea "prácticamente monográfico" sobre este asunto y confirmó que mantienen la reprobación y la petición de dimisión del alcalde: "Hay una quiebra de la confianza de la ciudadanía en plena emergencia habitacional y hay que recuperar esa confianza, pero el señor Barcala ya no puede ser quien dirija esa recuperación porque ha sido uno de los causantes de que se quebrara".

Entre las iniciativas que el PSOE llevará al pleno, Barceló avanzó la creación de una comisión de seguimiento de todas las promociones de vivienda pública en Alicante, tanto las que se desarrollen mediante colaboración público-privada como las incluidas en el Plan Vive de la Generalitat sobre parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

También alerta de la tramitación de la nueva Ley del Suelo en Les Corts, que suprime los porcentajes mínimos de reserva de suelo para vivienda protegida: "Lejos de dar solución al problema de la vivienda, el Partido Popular va en dirección contraria, eliminando la garantía de un suelo reservado para vivienda de protección pública".

La portavoz socialista reclama, además, rectificar la orientación de la promoción de la calle Ceuta, ahora en fase de licitación, y "volver al proyecto original" para que ese edificio se destine íntegramente a alquiler social: "Es otra de las grandes necesidades que tiene la ciudad de Alicante y el suelo público debe servir para eso".

Alicante ciudad tensionada

El portavoz de Compromís, Rafa Más, eleva el tono al asegurar que "la oposición real" del Ayuntamiento se coordina para "elevar la presión" política y social y forzar la "dimisión fulminante" de Barcala y de "toda la persona que ha facilitado o se ha beneficiado de este escándalo".

"La presión política va a crecer y la presión social también", avanza, ligando la estrategia municipal a un cambio de modelo de vivienda en toda la Comunitat.

Más situó el origen de la responsabilidad del alcalde en junio de 2024, cuando su grupo preguntó en pleno por la promoción y, pocos días antes, Barcala había retirado las competencias de Patrimonio a la concejal de Urbanismo.

"Creemos que todo empieza ahí y tendrá que demostrar que no es así en la comisión de investigación", reta, recordando que Compromís ya pidió que se enviara a la Policía Local a comprobar si los adjudicatarios vivían realmente en las viviendas o las habían alquilado y que se revisaran los consumos de agua y luz, "y no hizo nada".

El dirigente valencianista cita las informaciones que apuntan a que "en torno al 45% de las personas adjudicatarias no están empadronadas" en las VPO, pese a que debían ser su vivienda habitual y no podían tener otra vivienda.

"Esto ya dice mucho de la magnitud del escándalo, es la punta del iceberg", subraya, mencionando entre los beneficiarios a la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y a familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman, así como técnicos y asesores municipales.

En el plano propositivo, Más anuncia que su grupo presentará iniciativas "para acabar con el Plan Vive".

"El suelo que vende la administración tiene que ser para alquiler social, no pueden hacer viviendas de propiedad; basta ya de vender VPO a precio de ricos con nuestro suelo para que luego algunos las vendan o las alquilen en el mercado negro", denuncia.

Compromís no quiere que el caso tape el problema de fondo del acceso a la vivienda en Alicante y, por ello, defenderá declarar la ciudad "zona tensionada" y aplicar la Ley estatal de Vivienda para "parar ya la subida de los precios del alquiler".

"Hay mucha gente pendiente de que se les renueve el contrato y se les va a multiplicar por tres", alerta Más, que calificó de "cinismo" que Barcala haya llegado a posar con pancartas en defensa de la vivienda mientras su gobierno, a su juicio, restringe el acceso real a la vivienda protegida.

"Plan municipal serio de vivienda"

Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida-Podem, centra su intervención en la imagen de bloque: "Quisiera poner en valor la unidad de acción; desde que ha empezado toda esta crisis, creo que los grupos de la izquierda estamos estando a la altura frente al clamor social que hay en esta ciudad".

Justifica así una rueda de prensa conjunta destinada a "hacer un frente común frente a esos indicios claros de corrupción de nuevo en el Ayuntamiento de Alicante".

Copé defiende que la vivienda "no es un privilegio, sino un derecho" y reclama "transparencia absoluta" en la gestión de las VPO, empezando por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía), cuyas liquidaciones entre mayo y diciembre "siguen sin abrirse y sin tramitarse", según ha reconocido el propio consistorio.

"Igualdad ante la ley significa que no haya excepciones ni tratos de favor para nadie, y menos en viviendas protegidas", insiste, reclamando claridad sobre la promoción de Les Naus.

El edil de EU-Podem traslada al plano social la crisis institucional: "Mientras discutimos o mientras hacemos política, hay personas que están sufriendo y esperando para poder acceder a una vivienda; mucha gente se está yendo a otras ciudades por la situación que hay ahora mismo".

Por eso exigirán un listado de las viviendas públicas que podrían ponerse "ya" en alquiler asequible, la activación de solares municipales pendientes de destino y la movilización de parte de las más de 15.000 viviendas vacías que se estiman en Alicante.

"La vivienda es un derecho y no una oportunidad de especulación; el Ayuntamiento tiene que actuar con responsabilidad institucional, estar al servicio del bien común y de la dignidad de las personas de esta ciudad, y no al servicio de los privilegios personales", concluye.