La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha puesto en valor el progreso del programa de colaboración con los ayuntamientos, destinado a mejorar la supervisión de las viviendas turísticas y combatir la economía sumergida en este ámbito.
Sus declaraciones se han producido tras la incorporación oficial del Ayuntamiento de Alicante al convenio que permite delegar competencias sancionadoras.
Cano ha explicado que, tras la revisión y aprobación de su solicitud, el consistorio alicantino ya está en condiciones de ejercer estas competencias dentro del marco del convenio para la delegación de sanciones en materia de viviendas de uso turístico.
La consellera ha recordado que esta cooperación se formaliza a través del acuerdo marco firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que otorga a los ayuntamientos adheridos la capacidad de resolver procedimientos sancionadores. "Buscamos una actuación más ágil, eficaz y próxima ante posibles irregularidades", ha señalado.
Con la incorporación de Alicante, ya son siete los municipios valencianos que cuentan con la delegación de estas competencias: València, Faura, la Font d’en Carròs, Benidorm, Piles, Ayora y Alicante.
Marián Cano ha destacado que este modelo de trabajo conjunto "fortalece la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local". Además, ha asegurado que la Generalitat seguirá promoviendo este sistema con el propósito de garantizar un desarrollo del alojamiento turístico que sea legal, ordenado y sostenible en toda la Comunitat Valenciana.
En paralelo, la consellera ha resaltado los avances logrados en la depuración del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, un proceso iniciado tras la aprobación en 2024 de la nueva Ley Autonómica de Viviendas de Uso Turístico.
Según ha detallado, solo en 2025 se dieron de baja más de 18.300 viviendas que no cumplían la normativa, mientras que durante 2026 continúa la tramitación para excluir otras 11.000 adicionales. Cano ha subrayado que este trabajo legislativo y de actualización "favorece la legalidad y el control del intrusismo, impulsa un turismo más equilibrado y contribuye a evitar la saturación urbana, proteger los barrios y preservar la calidad de vida de los ciudadanos".