El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves, durante la sesión plenaria ordinaria de enero, dos declaraciones institucionales impulsadas por el grupo Popular.
En ellas se solicita al Gobierno central que retire su propuesta unilateral de reparto de los ingresos del Estado entre las comunidades autónomas, al considerar que perjudica la financiación de los municipios. Además, se pide que se prioricen las inversiones hídricas pendientes en el Levante y se active la financiación necesaria para desarrollar el proyecto Alicante Agua Circular.
El Ejecutivo español ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica en régimen común, negociado únicamente con “Junts per Catalunya”, que prevé una mayor cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas.
Según los populares, esta propuesta obedece a fines políticos y no a criterios técnicos: no corrige los fallos del sistema actual ni refuerza la responsabilidad fiscal, sino que introduce más discrecionalidad, bilateralidad y desigualdad territorial. Así, sostienen, los ciudadanos de Cataluña obtendrían una ventaja en la recaudación y en la asignación de fondos frente a los de otras regiones como Alicante. “Los 4.700 millones de euros acordados con Junts son el precio que todos los españoles debemos pagar para que el presidente Sánchez mantenga el poder”, recoge el texto.
Financiación de las entidades locales
Los populares remarcan que el nuevo modelo no solventa el problema de la falta de suficiencia financiera de los ayuntamientos y perpetúa las deficiencias del actual sistema local, que califican de ineficaz y poco equitativo.
Advierten, además, de que este cambio podría incrementar las desigualdades en el reparto de los tributos del Estado entre los municipios. Por todo ello, reclaman al Gobierno la retirada de su propuesta y exigen una mayor participación de todas las comunidades autónomas en el proceso. La declaración fue aprobada con los votos de PP (13) y Vox (4), frente a los de PSOE (8), Compromís (2) y EU Podem (1).
Inversiones hídricas
El Pleno también aprobó otra declaración institucional para reclamar al Gobierno central que ejecute las inversiones en infraestructuras hídricas pendientes en el Levante, valoradas en más de 120 millones de euros. Estas incluyen la rehabilitación de la balsa de San Diego, la instalación de la doble tubería Toscar-Cuesta y la mejora del sistema de canalización para alcanzar una capacidad de transporte de 80 hectómetros cúbicos anuales.
El acuerdo pone especial atención en el proyecto Alicante Agua Circular, que busca reutilizar el 100 % del agua tratada en las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia. Generalitat y Ayuntamiento, a través de Aguas de Alicante, ya han comprometido 25 y 12,5 millones de euros, respectivamente. En total, el proyecto asciende a 100 millones y permitirá recuperar unos 20 hectómetros cúbicos para el riego agrícola y de jardines.
El grupo Popular critica que el Gobierno destine fondos a proyectos hídricos en Marruecos antes que a estas actuaciones estratégicas del Levante español, ligadas a los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. La iniciativa salió adelante con 13 votos favorables del PP y la abstención de los cuatro ediles de Vox, frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y EU Podem.
Otros acuerdos plenarios
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó dos declaraciones de Vox que instan al Gobierno a revisar y suspender el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, con el fin de evitar nuevas subidas en las cotizaciones sociales, y a financiar las pensiones públicas mediante los Presupuestos Generales del Estado.
También prosperó otra declaración del grupo, que pide al Ayuntamiento manifestar su rechazo al Pacto Verde Europeo y a las políticas migratorias del Ejecutivo central. Ambas propuestas obtuvieron 17 votos a favor (PP y Vox) y 11 en contra (PSOE, Compromís y EU Podem).
Por otro lado, la corporación municipal aprobó una iniciativa de Compromís para aumentar en 100 las plazas de la Policía Local entre 2026 y 2027, al margen de las reposiciones por vacantes. Esta última declaración fue respaldada por 15 votos de la oposición y rechazada por los 13 del grupo Popular.