La vivienda que compró el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para engrosar su parque de casas sociales, aplicando por primera vez el derecho de tanteo y retracto que está promoviendo Consell, y que dejó sin opciones a una joven pareja que había iniciado los trámites para adquirirla, sigue estando a la venta. 

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando el consistorio alicantino, en manos del PSPV-PSOE y Esquerra Unida, firmó con el vicepresidente segundo del gobierno valenciano y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, de Unidas Podemos, un convenio para la cesión del derecho de tanteo y retracto en materia de vivienda. 

El consistorio de San Vicente, conocido en este 2021 por los problemas que atraviesa el grupo socialista donde la división interna ha llevado a la dimisión de varios concejales, apertura de expedientes de expulsión y a la investigación de fiscalía de las filtraciones sobre urbanismo en un grupo de Whatsapp, sacó pecho. Porque era de los primeros que acordaba con el Consell adherirse a esta figura que, como explicó Dalmau, serviría "para conseguir casas para la gente y, viviendas que habitualmente se venden a precios muy asequibles".

El gobierno local no tardó en hacer uso de esta herramienta que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite analizar tras un recurso del PP valenciano, y lo hizo para adelantarse a la compra de una vivienda que iba a adquirir una joven pareja mileurista. Roberto Escribano y Nuria denunciaron en su momento, febrero de este año, el traspié tras haberles concedido una hipoteca para hacerse con un piso de 84 metros en la calle La Esperanza de la ciudad, en las inmediaciones del Parque Lo Torrent. El plan era ir a vivir a este inmueble compuesto de tres dormitorios, dos cuartos de baño, balcón, balconada, terraza descubierta, plaza de aparcamiento y trastero.

Pero el derecho de tanteo Dalmau asomó por la puerta cuando esta pareja ya había acordado con la inmobiliaria la compra -tras aprobarles el préstamo-, igualando los 115.000 euros que habían comprometido. No había vuelta atrás, la casa pasaría a ser parte de las seis viviendas sociales que dispone el consistorio para familias con escasos recursos. 

Denuncia de Cs

El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado este lunes que el equipo de Gobierno todavía no ha comprado la vivienda en cuestión. El regidor naranja, Jordi Roig, ha insistido en que “estamos en contra de que se use este derecho preferente contra vecinos particulares que quieren comprarse una casa para vivir en ella y no precisamente para especular”, como está pensada la medida del Consell. 

Roig ha afirmado que “si ya estábamos en contra del derecho de tanteo y retracto cuando se ejerce contra particulares, todavía lo estamos más ahora tras comprobar que han pasado siete meses desde que el equipo de Gobierno del PSOE y EU aprobó en la Junta de Gobierno de diciembre comprar una vivienda para destinarla a uso social y todavía no la ha adquirido, continúa vacía y además ha salido a la venta”.

Preguntado por estas acusaciones, el alcalde de San Vicente, Jesús Villar, reconoce que es así, que el anuncio sigue disponible: "Hemos hecho, de nuevo, un requerimiento", explica. "Al enterarnos de que lo han vuelto a publicar, hemos pasado por la inmobiliaria y van a retirar el anuncio", añade. 

El primer edil socialista carga contra las inmobiliarias "porque deberían de informar a los posibles clientes que primero se la tienen que ofrecer al ayuntamiento y si no queremos ejercer el derecho de compra, renunciaríamos a ella lo antes posible". 

Y, de nuevo, como ha venido justificando anteriormente, Villar ha asegurado que la vivienda en cuestión "reunía todos los requisitos legales" para ser adquirida a través de la figura del Consell y que pertenecía, en contra de lo que sostiene Cs, a un fondo buitre.

¿Algo falla? 

"Es evidente que algo falla cuando el derecho de tanteo y retracto puede ejercerse de forma indiscriminada contra particulares que no buscan precisamente especular con la vivienda", ha reflexionado Jordi Roig. "Y cuando además el Ayuntamiento ha sido incapaz de comprar todavía esta casa siete meses después de que aprobara su adquisición para destinarla a uso social, todo ello después de rechazar nuestra petición de paralizar la compra tras conocerse que los perjudicados eran unos jóvenes vecinos de San Vicente”.

Y es que, tras este caso, sobrevuela otro como el de Carmen, una mujer en paro que iba a comprar una vivienda de VPO en Valencia para ella y su hijo de 28 años, también sin trabajo, y se topó con la adquisición de la misma por parte de la Generalitat mediante tanteo. La casa estuvo un año vacía hasta que fue adjudicada a una familia. En San Vicente ya ha superado el medio año en medio de la discordia.