El cierre del trasvase Tajo-Segura por obras ha vuelto a encender los ánimos en Alicante, Murcia y Almería, donde la falta de certezas sobre los tiempos de reparación ha generado un profundo recelo institucional y agrícola. La detección el pasado 14 de septiembre de dos importantes fisuras en el acueducto, localizadas en los tramos de Riansares y del Talave, ha obligado a cortar el suministro de forma indefinida. La estimación inicial del Gobierno habla de entre cuatro y cinco meses de obras y un coste de 1,2 millones de euros. Así que no habrá trasvase hasta 2027.
Sin embargo, para la Generalitat Valenciana y los regantes, este calendario provisional resulta excesivo e inaceptable, un nuevo recorte encubierto en los envíos de agua, en la estrategia antitrasvasista del Gobierno de Pedro Sánchez que ha elevado los caudales ecológicos del Tajo no por razones técnicas, sino ideológicas.
El malestar político lo ha escenificado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el requerimiento formal enviado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para exigir máxima inmediatez en los trabajos de mantenimiento. Desde el Ejecutivo autonómico se califica de exagerado el tiempo previsto para subsanar los daños en una infraestructura calificada de vital para Alicante, Murcia y Almería.
La indignación del sector agrario se acentúa al recordar que los usuarios abonan mensualmente cerca de un millón de euros destinados precisamente a la conservación del canal. Que una infraestructura sostenida con este volumen de aportaciones sufra el hundimiento de paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno pone en evidencia, a juicio de los representantes valencianos, una preocupante falta de previsión y conservación por parte de la administración central.
En el fondo del debate subyace un choque de relatos que trasciende el estricto plano técnico. Frente a la versión oficial que atribuye el rápido deterioro del revestimiento al impacto de los intensos episodios de lluvias torrenciales registrados durante los dos últimos ejercicios, en el Levante cunde la desconfianza. El temor a que la paralización de las obras prolongue artificialmente el periodo sin suministro y termine minando las dotaciones hídricas concedidas se suma a las tensiones previas por la aplicación de los caudales ecológicos.
Por ello, además de agilizar los trabajos, el Consell ha reclamado una ampliación de los plazos legales para asegurar que los volúmenes de agua ya asignados puedan ser aprovechados más allá del cierre del año hidrológico.
Frente a esta oleada de críticas, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) intenta rebajar la tensión apoyándose en el balance hidrológico del ejercicio recién concluido. La cuenca receptora ofrece un panorama de holgura hídrica insólito respecto al año anterior, con unos embalses que almacenan más de 567 hectómetros cúbicos, lo que representa el 50% de su capacidad total y triplica las existencias registradas hace doce meses.
La clave de este alivio coyuntural se encuentra en las precipitaciones históricas de febrero, que permitieron levantar las restricciones al riego y acumular un volumen de reserva suficiente para afrontar las demandas estivales. Con este colchón en los embalses, de los cuales más de la mitad corresponden a recursos trasvasados con anterioridad, el organismo de cuenca defiende que la garantía para los agricultores está asegurada a corto plazo.
La CHS argumenta que la situación técnica está bajo control y que el flujo constante de comunicación con la Comisión Central de Explotación permitirá acotar los plazos a medida que avance la ejecución. Sin embargo, la tranquilidad oficial no logra disipar la inquietud del campo.