La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados que controla el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) sigue haciendo oídos sordos a los avisos del Tribunal Constitucional sobre el bloqueo de iniciativas parlamentarias. La comisión que preside Cristina Narbona ha vuelto a ampliar los plazos de enmiendas de las dos iniciativas legislativas que exigen reformar la Ley de Costas, una del Senado y otra del Grupo Popular. Se trata de 89 prórrogas en el primer caso desde marzo de 2024 y 29 en el segundo, desde septiembre de 2025 en el segundo.
29 meses y año respectivamente sin debatir la "pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre" que afecta a vecinos de municipios alicantinos como Dénia o Guardamar y de lleno a la Ley de Costas Valenciana, recurrida por el Gobierno de Sánchez en el Constitucional.
Este escenario de bloqueo a las iniciativas que no le interesan al Gobierno (porque carece de mayorías en el Congreso) aboca a los colectivos afectados (vecinos, pero también peluqueros o fuerzas y cuerpos de seguridad) a intensificar la búsqueda de nuevos aliados para poder llevar a los tribunales esta actitud poco democrática.
En este sentido, el Frente Cívico que unifica a todos los afectados por el bloqueo institucional ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Madrid. El acuerdo permitirá desarrollar actividades de investigación, asesoramiento y elaboración de estudios jurídicos a través de la Clínica Jurídica de la universidad, en la que estudiantes y profesores especializados participarán en el análisis de cuestiones legislativas relacionadas con las iniciativas afectadas por las sucesivas prórrogas.
El objetivo es reforzar las actuaciones para el desbloqueo de iniciativas legislativas sometidas a prórrogas eternas de los plazos de enmiendas y estudiar las posibles vías jurídicas que permitan reactivar su tramitación parlamentaria para satisfacer sus demandas.
El Frente Cívico asegura que representa de forma directa a más de 1,5 millones de ciudadanos afectados por distintos problemas pendientes de solución legislativa y que entre sus integrantes figuran colectivos vinculados a funcionarios de prisiones, víctimas de la talidomida, profesionales de la imagen personal, afectados por la ocupación de viviendas y también afectados por la Ley de Costas.
Entre esas iniciativas conjuntas se encuentran los escritos dirigidos a la Mesa del Congreso solicitando el desbloqueo de iniciativas legislativas o la preparación de una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. El objetivo, según el propio Frente Cívico, es reclamar que las proposiciones de ley puedan continuar su recorrido parlamentario, ser debatidas y finalmente votadas, evitando que las ampliaciones sucesivas de los plazos de enmiendas se conviertan en una barrera permanente para su avance.
Ley de Costas
La iniciativa que más retrasos registra es la proposición de ley remitida por el Senado para modificar la normativa de Costas y dar respuesta a la situación de numerosos núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo-terrestre. Desde que llegó al Congreso en marzo de 2024, el plazo de presentación de enmiendas ha sido ampliado en 89 ocasiones, la última de ellas hasta el próximo 23 de septiembre.
A ella se suma la proposición de ley presentada posteriormente por el Partido Popular en el Congreso, que persigue propósitos idénticos y que acumula ya 29 ampliaciones del plazo de enmiendas. En conjunto, ambas iniciativas alcanzan las 118 prórrogas, una cifra que los afectados consideran un ejemplo paradigmático de la paralización de iniciativas legislativas mediante la prolongación continuada de los plazos parlamentarios.
En la provincia de Alicante, una de las asociaciones más activas en esta reivindicación es la Asociación de Afectados por la Ley de Costas Playas Norte de Dénia, que recientemente decidió integrarse en el Frente Cívico por la Calidad Democrática. La incorporación de los afectados por la Ley de Costas al Frente Cívico ha supuesto un cambio de escala en la estrategia emprendida por estos colectivos.