La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que dirige Miguel Barrachina ha convertido la provincia de Alicante en el principal escaparate de su política hídrica: obras, modernización de regadíos, reutilización de aguas depuradas y nuevas inversiones para reforzar la red. Frente a esa agenda de ejecución, el Gobierno central sigue instalado en una estrategia de anuncios, retrasos y la batalla judicial en torno al trasvase Tajo-Segura, el gran nervio del regadío del sureste.
La última muestra será la inauguración de las obras de modernización de regadíos del Canal de Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura, un proyecto que la Generalitat presenta como una actuación concreta, visible y ya en marcha. Ese gesto se suma a una política presupuestaria que en 2025 reservó 31,7 millones de euros para inversiones en la provincia de Alicante, con partidas relevantes para la Nueva Conducción Margen Izquierda del Postrasvase Júcar-Vinalopó y para mejoras de regadío en San Fulgencio, Crevillent, Catral y Orihuela.
El mensaje político es claro. La Generalitat quiere demostrar que, donde hay gestión autonómica, hay obra ejecutada o en ejecución. Barrachina ha defendido que estas inversiones buscan modernizar y consolidar infraestructuras para hacer un uso más eficiente y sostenible del agua, con impacto directo en la competitividad agrícola y en la seguridad hídrica de las comarcas alicantinas.
Ese relato se construye en contraste con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que el Consell acusa de no responder con inversiones equivalentes en una provincia especialmente castigada por el déficit hídrico. En declaraciones propias de la negociación presupuestaria, Barrachina reprocha al Ejecutivo central que no haya activado la inversión reclamada para reutilización de aguas depuradas en estaciones como Monte Orgegia, Rincón de León, Torrevieja y Orihuela Costa, pese a que, según la Generalitat, los proyectos ya están elaborados y entregados al Ministerio.
La estrategia del Consell consiste en oponer la lógica de la ejecución autonómica a la del Estado, al que atribuye lentitud, bloqueo o falta de voluntad política. En ese marco, cada acto de obra pública en Alicante funciona también como un acto de contraste institucional: aquí se invierte y se inaugura; allí, según el relato de la Generalitat, se promete y se retrasa.
Los datos son incontestables. El Tribunal Supremo acaba de blindar jurídicamente el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 y, con ello, ha reforzado la protección ambiental del río. Pero para los regantes alicantinos no han llegado las supuestas medidas correctoras o compensatorias que el Gobierno prometió para paliar el impacto de la sentencia. En los próximos días, el sector vuelve a exigir que se concreten las ayudas que, según sus representantes, deberían haberse activado desde que se conoció el fallo que limita el caudal y obliga a recuperar los niveles ecológicos del Tajo de forma inmediata.
Lo único que existe es un paquete de compensaciones previas: en 2023 el Consell aprobó 2,5 millones de euros para rebajar en 10 céntimos el coste del metro cúbico de agua desalada para los regantes de la provincia, y ese mismo año el Gobierno central había subvencionado parcialmente el agua de los mismos usuarios, lo que dejó el precio final en 0,22 euros por metro cúbico.
Además, la Diputación de Alicante ha convocado ayudas ordinarias y extraordinarias para mejorar infraestructuras de regadío, con subvenciones del 80% y hasta el 100% a fondo perdido en la convocatoria extraordinaria, y la propia Generalitat destinó 9,5 millones para reparar las infraestructuras de riego dañadas por las lluvias de octubre de 2024. El problema es que, frente a ese muro legal, los regantes buscan ahora nuevas medidas correctoras que conecten con la realidad del déficit hídrico de la provincia y no solo con la planificación ambiental del Tajo.
La batalla del trasvase
El otro frente es el judicial y político. La cuestión del trasvase Tajo-Segura sigue siendo el gran conflicto de fondo, y la Generalitat ha hecho de su defensa un eje permanente de discurso y movilización. La batalla sigue viva no ya en los tribunales, sino en el paso posterior, la aprobación de unas nuevas Reglas de Explotación con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende (según se filtró el año pasado) endurecer los criterios para la transferencia hídrica.
El enfrentamiento es político pero también de gestión: dos modelos de hacer llegar el agua, uno centrado en obras y reutilización, otro en la revisión de las reglas del sistema.
Como ha venido informando este diario, el agua está garantizada a corto plazo para la agricultura alicantina. La Vega Baja de Alicante tiene asegurada la campaña de riego del segundo semestre gracias a la normalidad en la cabecera del Tajo, lo que permite que los regantes puedan trabajar en los próximos meses. Pero ese alivio inmediato se contrapone con una incertidumbre estructural: ¿Cuánto tiempo le queda al Gobierno central y su política antitrasvasista?