El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa incluirá una enmienda destinada a reforzar los controles en la adjudicación y uso de las Viviendas de Protección Pública (VPP).
El objetivo, según destaca el presidente, es garantizar un proceso más transparente, con mayor publicidad y mecanismos de control más sólidos.
Atendiendo a las demandas de distintos alcaldes, la modificación incorporará como nuevo criterio de baremación el arraigo de los solicitantes, de modo que los vecinos de un municipio tendrán prioridad a la hora de acceder a una vivienda protegida en su propia localidad.
Pérez Llorca ha subrayado que, ante el contexto actual en el que la vivienda constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente entre los jóvenes, “actuar con determinación, responsabilidad y realismo es una obligación moral y política para garantizar la estabilidad, el arraigo y la igualdad de oportunidades en la Comunitat Valenciana”.
El jefe del Consell ha recordado que la Generalitat impulsa diversas medidas en este ámbito, como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven y las subvenciones destinadas a ayuntamientos y particulares dentro de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación.
Más de 304 millones de euros de los Presupuestos autonómicos vigentes se están destinando a mantener estas políticas sociales, que buscan reforzar la protección de los colectivos más vulnerables y facilitar el acceso a la vivienda.
En palabras del president, el Plan Vive representa “un ejemplo de colaboración público-privada” y responde a la necesidad de aplicar una “política útil y real, cuyos resultados sean visibles en el futuro”. En la actualidad, 319 municipios se han adherido a este programa, que ya ha permitido promover más de 4.800 viviendas de protección pública.
En el caso de Castelló de la Plana, la adhesión al Plan Vive se formalizó el 7 de junio de 2024, y de esta colaboración nace la construcción de 123 nuevas viviendas protegidas, de las cuales 21 pasarán a integrarse en el Parque Público gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
Pérez Llorca ha puesto en valor la estrategia integral del Consell en materia de vivienda, basada en medidas fiscales, normativas y administrativas que refuerzan la seguridad jurídica y actúan como estímulo para la actividad económica.
Iniciativas
A las actuaciones del Plan Vive en Castelló de la Plana se sumará el proyecto de desarrollo del Sector 24, que contempla la construcción de unas 2.000 viviendas, la mitad de ellas de Protección Pública.
En paralelo, la Generalitat ejecuta proyectos de rehabilitación en la calle Santa Cruz de Tenerife y la avenida Capuchinos, con una inversión cercana a los 10 millones de euros para la adecuación de 25 inmuebles.
En el resto de la provincia, el Plan Vive impulsa 24 viviendas en Benicarló y 17 en Vinaròs, además de facilitar, a través del Plan ADHA, la ampliación del parque público de municipios como Argelita, Caudiel y Tales, con una inversión aproximada de 2,8 millones de euros.
Asimismo, la Generalitat promueve la rehabilitación de 713 viviendas en Morella, La Vall d’Uixó y Castelló de la Plana, con un presupuesto de 17,1 millones de euros, mientras que el programa ARRUR financia la reforma de 154 inmuebles y la construcción de seis nuevos en Castelló, Morella y Benlloch, con una inversión adicional de 2,2 millones de euros.