La batalla entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central por la nueva Ley de Costas valenciana ha entrado en una fase decisiva, con una comisión bilateral ya en marcha y un horizonte nada despejado en torno a la protección de los núcleos urbanos costeros con valor etnológico, como las casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura o las históricas casas del litoral de Dénia.

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara un posible recurso de inconstitucionalidad, el Consell defiende que su norma es plenamente compatible con la Ley estatal y que, por primera vez, pone herramientas reales en manos de los ayuntamientos para salvar viviendas construidas legalmente y con evidente valor histórico y social.

Desde la aprobación de la Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, el Ministerio para la Transición Ecológica ha cuestionado abiertamente varios de sus preceptos al entender que invaden competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre. El conflicto se concentra en el artículo 17, que permite declarar como núcleos urbanos con especiales valores etnológicos las casas o comercios situados a pie de playa, abriendo la puerta a frenar los derribos previstos en lugares simbólicos como Guardamar y Dénia.

Marc García, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, subraya que el Gobierno tenía dos caminos tras la aprobación de la ley valenciana: acudir directamente al Tribunal Constitucional o abrir una comisión mixta bilateral de nueve meses para intentar una interpretación pactada. “Desde la publicación de la ley autonómica, el Gobierno de España, si considera que puede ser inconstitucional, tiene dos opciones: o ir al Constitucional e interponer un recurso o constituir una comisión mixta bilateral durante un plazo de nueve meses; han optado por esta opción B”.

Esa comisión ya está trabajando sobre casi cuarenta artículos de la norma autonómica que el Estado había puesto bajo la lupa. “La buena noticia es que hemos llegado a un acuerdo en la amplia mayoría, diría que en un 95% de los artículos; la mala noticia es que hay dos en los que ya sabemos que no vamos a llegar a un acuerdo, y en concreto es el artículo 17 y su disposición adicional, que regulan la protección de los núcleos con valor etnológico”, explica García.

El problema es que, si ese consenso no llega, el siguiente movimiento del Ejecutivo central parece cantado. “Si no llegamos a un acuerdo ahí, el siguiente paso será un recurso al Constitucional por parte del Gobierno, y solicitarán, me imagino, la suspensión del artículo 17 de protección de núcleos etnológicos”, advierte el director general.

La cara humana del conflicto

La dimensión más visible de esta batalla jurídica se concentra en Alicante, donde la nueva ley autonómica se ha diseñado pensando, en buena medida, en municipios como Guardamar del Segura y Dénia. En la playa de Babilonia, en Guardamar, decenas de familias afrontan desde hace años la amenaza de demolición de sus casas centenarias, construidas legalmente en su momento, mientras Costas defiende que deben desaparecer para cumplir la Ley estatal y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

EL ESPAÑOL ha informado de cómo la aprobación de la Ley de Costas valenciana y la posibilidad de declarar estos enclaves como núcleos etnográficos ha supuesto un balón de oxígeno para los vecinos de Guardamar y Dénia. En Guardamar, la Generalitat ha utilizado la nueva norma para paralizar los derribos de la playa de Babilonia, lo que ha desencadenado respuestas contundentes del Ministerio e incluso amenazas de acciones legales contra el Consell.

Mientras, en Dénia, el debate gira en torno a si la ley impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón será realmente capaz de salvar las viviendas históricas frente a los criterios estrictos de Costas y a los informes que cuestionan la figura de los núcleos etnológicos si no se acompaña de suficiente soporte técnico y ambiental. En ambos municipios, la expectativa está puesta en que la aplicación del artículo 17 permita compatibilizar la protección del dominio público con la pervivencia de barrios marineros que forman parte esencial del paisaje cultural del litoral valenciano.

Para la Generalitat, el corazón político y jurídico del conflicto no es otro que el artículo 17. “No solo no dejan tramitar la modificación de la Ley de Costas estatal, sino que además con nosotros no quieren llegar a un acuerdo de interpretación de ese artículo 17”, denuncia Marc García, enlazando esta disputa con el bloqueo en el Congreso de la reforma de la ley de 1988 impulsada desde el Senado.

García insiste en que la norma valenciana ha superado todos los filtros jurídicos autonómicos y que se apoya en competencias exclusivas en materia cultural. “El artículo 17 es perfectamente constitucional, no solo para la Dirección General de Costas, sino también para la Abogacía y el Consell Jurídic, porque son los trámites que ha tenido la ley para poder ser aprobada”, recuerda, antes de reivindicar el enfoque cultural de la norma.

Bandera política

Ahí radica, según el director general, la clave de la interpretación que hace la Generalitat. “El Estatuto de Autonomía define que la protección de nuestro patrimonio cultural es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana; lo que hacemos con este artículo 17 es declarar que estos núcleos tienen un valor cultural en base a nuestro Estatuto, y además decimos en la propia ley que eso no es incompatible con la Ley de Costas”, explica.

La Generalitat asegura que la declaración de núcleo etnológico no supone un cheque en blanco frente al dominio público marítimo-terrestre. “Si luego hay que tramitar una concesión, si hay que hacer alguna obra para protegerla, que todo eso se haga de forma acorde a la Ley de Costas”, subraya García, en línea con el texto legal, que remite a la normativa básica estatal para cualquier intervención en el litoral.

El director general reprocha al Ministerio que haya convertido este punto en un pulso ideológico. “No entendemos que haya una inconstitucionalidad, pero el Ministerio esto lo ha cogido como una bandera política”, critica, en un contexto en el que entidades vecinales y plataformas como las de Guardamar y Dénia reclaman seguridad jurídica y una solución que no pase por la piqueta masiva de viviendas con valor histórico y social.