El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) ha confirmado, vía respuesta parlamentaria, que carece de ningún proyecto para la base militar de Aitana en Alcoleja, Alicante, pese al anuncio de que se iba a gastar 25 millones en un centro para refugiados por "la necesidad de contar con los servicios y obras especificados para responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración".
Y es que en plena polémica por la distribución de refugiados y menores no acompañados ("menas") entre algunas comunidades autónomas, el Gobierno central sigue sin construir centros propios para alojarlos. Más aún, cuando deriva su responsabilidad a comunidades autónomas como la valenciana a la que mantiene infrafinanciada y se ven abocadas a recurrir a la banca privada debido al retraso del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por parte del Estado.
En respuesta al senador Agustín Almodóbar (PP) el pasado mes de septiembre, el Gobierno afirmó que "la propiedad militar conocida como 'Zona de Asentamiento del ACAR EVA-5, en Alcolecha, Alicante, fue afectada el 8 de marzo de 2023 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (dirigido por la socialista Elma Saiz) mediante la correspondiente acta de afectación".
Y ayer mismo, 8 de octubre, continuó su respuesta parlamentaria indicando que en noviembre de 2022, los terrenos de la antigua base militar de Aitana fueron adquiridos por la Secretaría de Estado de Migraciones mediante el procedimiento de enajenación por adjudicación directa. Posteriormente, se contrató un proyecto básico que nunca llegó a ejecutarse".
No obstante, lo importante en este momento es que el Gobierno asegura que "el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene ningún proyecto previsto en dichos terrenos".
En su momento, tal y como informó este diario, la Junta de Contratación del Ministerio justificó su decisión en el incremento de presupuesto necesario a causa de las lamentables condiciones de las construcciones, la imposibilidad de cumplir con los plazos para la puesta en marcha y la consecuente obligación de devolución de los fondos europeos con los cuales se había previsto pagar las obras.
No obstante, el problema de los menores sigue en plena vigencia. El pasado mes de julio el Gobierno anunció la distribución de 3.000 menores no acompañados por toda España y la Generalitat Valenciana le contestó que ya trabaja al 1160% de su capacidad de acogida.
Quién debe acoger
Los menores no acompañados que el Gobierno central de España quiere redistribuir desde Canarias por toda la península deben ser acogidos principalmente en centros gestionados por las comunidades autónomas y no en centros de titularidad estatal en la península.
Sin embargo, existen casos excepcionales ―especialmente con solicitantes de asilo― en los que algunos menores han sido derivados a centros estatales, como los 250 menores enviados a un centro estatal en Gran Canaria en virtud de un acuerdo específico entre el Gobierno central y el canario.
La infraestructura de acogida para menores migrantes no acompañados en la península depende mayoritariamente de las redes autonómicas. El sistema de protección actual establece que las comunidades autónomas son responsables de la tutela y acogida de estos menores, así como de gestionar los recursos y centros específicos donde serán alojados.
El nuevo real decreto fija la capacidad de cada autonomía, y los traslados se financian con fondos estatales, pero los menores se alojan en recursos autonómicos.
Aunque la norma general es la acogida en centros autonómicos, el Gobierno central ha pactado en ocasiones traslados de menores a centros estatales concretos, pero siempre como medida puntual o transitoria y no como el sistema habitual para la reubicación de menores migrantes.
La responsabilidad legal y administrativa sobre los menores migrantes reubicados recae sobre las comunidades autónomas receptoras, que, bajo la supervisión estatal, financian y gestionan la estancia, atención educativa y protección social de los niños y adolescentes.