Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han anunciado este miércoles que no acudirán a la Conferencia Sectorial que se celebrará este jueves para tratar la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran hacinados en Canarias.
Argumentan su negativa en que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial. Afirman además que el Ejecutivo central está usando a los menores como "mercancía política": "Son personas, no paquetes".
La reunión está convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó. También lo ha hecho el socialista García-Page.
La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
El plante a Sira Rego, por comunidades
Desde Aragón, el Gobierno de Jorge Azcón muestra así su rechazo a lo que considera un reparto “forzoso” que solo busca que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Según las cifras que han trascendido hasta el momento, a la Comunidad le corresponderían 251, un esfuerzo extra inasumible para un sistema que, dicen, está ya sobresaturado.
“Nos oponemos frontalmente al intento de imposición del Gobierno de España y a un orden del día que ignora la voluntad de las Comunidades Autónomas, ya que fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, como exigen las normas que rigen su funcionamiento”, han afirmado desde el Departamento de Carmen Susín a través de un comunicado.
Cantabria ha reiterado este miércoles su compromiso con la protección de los menores migrantes no acompañados, que son "personas a proteger", y no "meros objetos de intercambio político ni paquetes a repartir".
Según la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que hoy ha criticado la política migratoria del Gobierno central, los menores deben ser atendidos con dignidad y no utilizados como "coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno".
Comparten esta idea desde Baleares: la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, tampoco asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud convocada por el Ministerio para este jueves, por el "ninguneo" del Gobierno a las reclamaciones de Baleares.
De igual modo, el Govern también ha indicado que se ausentará de esta reunión a modo de protesta por el "reparto forzoso" de menores no acompañados organizado desde el Gobierno central.
En un comunicado, desde el departamento que dirige la nueva consellera han recalcado, en estos momentos, Baleares acoge a más de 200 menores por encima de su capacidad, lo que "pone en riesgo el colapso del sistema de protección de menores".
Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia no asistirá a la reunión por también considerar que "la convocatoria se ha realizado de forma ilegal, al incluir un orden del día que ya fue rechazado por la mayoría de comunidades autónomas durante la Comisión Sectorial que se celebró la pasada semana".
Por este motivo, el Gobierno regional presentó ayer un requerimiento ante el Ministerio de Juventud e Infancia para solicitar la anulación o revocación del acto, ya que, según han asegurado, "ignora el reglamento de funcionamiento interno del pleno de la Conferencia Sectorial e implica, no sólo su irregularidad y la vulneración de las garantías jurídicas, sino también el ejercicio de abuso de poder por parte del Ministerio".
Desde Valencia, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha mostrado su oposición "frontal" al "reparto forzoso de menores no acompañados planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha sostenido que los menores "no son moneda de cambio".
Como sus homólogos, defiende que la convocatoria "vulnera las propias normas de funcionamiento, ya que el orden del día fue rechazado por mayoría en la Comisión previa".
También plantan a Sira Rego desde Andalucía. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha rechazado el "intento de imposición" del Gobierno de Pedro Sánchez.
La propuesta de reparto de menores migrantes, que sitúa a Andalucía como el territorio que más menores recibiría, 677, frente a Cataluña y País Vasco, que quedan excluidos del reparto, es, a juicio de la consejera, "una clara muestra de que, para Sánchez, estos niños son pura mercancía política", ya que "son tratados como moneda de cambio para mantenerse en su sillón".
La Junta de Castilla y León también ha anunciado su renuncia como respuesta a la "postura de imposición constante y falta de diálogo" por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en el proceso de reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.