Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular una organización criminal especializada en la receptación y comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de alta gama, obtenidos de forma ilícita.
Como resultado de la operación, han sido detenidas cuatro personas —tres en Madrid y una en Fuengirola— y otras 17 están siendo investigadas en diferentes provincias como Alicante, Madrid, Girona, Málaga, Sevilla, Almería, Granada, Jaén y Cádiz.
El grupo operaba bajo un esquema delictivo que consistía en la adquisición de móviles y aparatos electrónicos mediante diversas modalidades de fraude, incluidos hurtos, suplantaciones de identidad y estafas.
Estos dispositivos eran posteriormente puestos a la venta a través de plataformas online de segunda mano a precios considerablemente por debajo del valor de mercado.
El cabecilla del entramado, que operaba desde su vivienda en Madrid, se estima que obtuvo ganancias superiores a los 300.000 euros.
Contaba con una red de colaboradores repartidos por diferentes puntos del país, quienes le suministraban los dispositivos para su posterior comercialización. Durante el registro de su domicilio, los agentes intervinieron 136 móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes, cuatro ordenadores portátiles y un equipo de sobremesa.
La investigación se inició en marzo de 2022 gracias a tareas de ciberpatrullaje llevadas a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Fue en una conocida app de compraventa donde detectaron un perfil con miles de operaciones registradas, ofreciendo productos nuevos y precintados a precios inusualmente bajos, lo que levantó sospechas sobre su origen.
Las pesquisas revelaron que muchos de los terminales procedían de hurtos cometidos por empleados infieles en tiendas de telefonía ubicadas en Fuengirola y Alcalá de Henares. Estos empleados, en algunos casos, utilizaban identidades robadas de los propios clientes para vender los dispositivos al principal investigado.
Además, en colaboración con la plataforma de compraventa, se identificaron operaciones fraudulentas en las que se utilizaban fondos obtenidos mediante estafas. El dinero era cargado en monederos virtuales y destinado a la adquisición de terminales desde el perfil del cabecilla.
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que muchos de los teléfonos vendidos estaban denunciados como sustraídos o vinculados directamente con miembros de la red. El grupo operaba moviendo grandes cantidades de dispositivos y dinero entre distintas ciudades, generando importantes beneficios ilegales.
Uno de los principales intermediarios fue detenido en la provincia de Málaga. En paralelo, se ha imputado a siete personas en los municipios malagueños de Fuengirola y Ronda, y a otras doce en ciudades como Madrid, Granada, Jaén, Almería, Alicante, Girona, Sanlúcar de Barrameda y Dos Hermanas.
El líder del grupo, junto con su esposa, también investigada, gestionaba toda la operación desde su domicilio. Ella se encargaba de las finanzas y la contabilidad, valiéndose de su experiencia como Técnico de Hacienda. En un intento por encubrir su actividad, incluso llegaron a denunciar falsamente el robo de varios dispositivos, los cuales fueron encontrados en venta en una plataforma online.
Ambos fueron detenidos a finales de junio. Los dispositivos intervenidos han sido puestos a disposición judicial, y se está a la espera de recibir información de las operadoras para confirmar su procedencia.