No solo vecinos de Dénia o Guardamar ven en peligro sus viviendas, legalmente construidas en su momento, y que ahora la Dirección General de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) quiere expropiar y derribar. En todo el Levante español hay cientos de casos. De ahí que surgiese la Plataforma Somos Mediterránea y de ahí las alianzas que se están creando formando una red de defensa de la sociedad civil contra lo que consideran los "desmanes del Estado" en el litoral. También los intentos legislativos de las comunidades autónomas que exigen nuevas competencias en esta parte de su territorio.

El caso de José Antonio Luque, que es el portavoz de estos movimientos civiles en la Región de Murcia y que actuó de anfitrión en la alianza intercomunitaria forjada hace unas semanas en Los Nietos, es el ejemplo paradigmático de lo que está sucediendo en el litoral. Médico jubilado de 84 años, era un niño cuando vio cómo su abuelo construyó una casa totalmente legal en el Cabo de Palos que ahora Costas quiere expoliar.

Allí, en el Cabo de Palos, hay 15 viviendas en peligro. Otras 36 en el término municipal de Lorca (Puntas del Calnegre), 200 en la playa de Mazarrón y 90 en Los Nietos. Como en el caso de Alicante, con distintos procesos abiertos (apeos, deslindes, órdenes de desalojo...) dependiendo de sus particularidades.

La historia se remonta a más de 130 años antes. En 1852, en la conocida como "Década Moderada" del reinado de Isabel II, el Estado sufre penurias económicas y convence al Ayuntamiento de Cartagena, entre otros, para que les ceda terrenos (San Ginés de la Jara) que pueda vender a particulares. Cartagena vende al Estado simbólicamente su Paraje de Cabo de Palos. Y a partir de 1867, el Estado parcela terrenos y se los vende a particulares.

Ya en el siglo pasado la familia de Luque adquiere uno de esos terrenos, paga sus impuestos y construye una casa junto a la playa. "No en la arena de la playa, esa es una de las falsedades que aduce Costas, ya que se han hecho catas y se ha demostrado que está sobre roca arcillosa rojiza del Mioceno, cuyos resultados han sido ocultados", explica Luque. El asunto no es baladí, ya que su vivienda como las otras amenazadas en la zona está construida sobre el mismo lecho que las que no va a tocar Costas.

"Mi familia compró legalmente un solar, que perteneció hace 150 años al Estado Español y que está recogido nítidamente en un Tracto Registral Ininterrumpido y Sucesivo, con Fe Notarial y Fe Registral Histórica. Con esfuerzo y trabajo mi abuelo nos dejó en herencia una vivienda legal con todas las normas y preceptos cumplidos y a los 80 años sus nietos nos vemos envueltos en un esperpento en el que el estado trata de aparentar que somos okupas de nuestras propias casas", afirma el líder vecinal.

El drama para Luque comenzó en 1991, cuando el ingeniero jefe de la Demarcación le comunicó que en aplicación de la entonces nueva ley de Costas su iba a ser derribada. Luque llevó todos sus documentos y rectificaron. El propietario tiene allí su domicilio habitual y es el legado que piensa dejar en herencia a sus hijos. "Decidí que iba a luchar como gato panza arriba", señala Luque, y ya van para 34 años de peleas legales.

En el caso del Cabo de Palos no ha habido ningún tipo de regresión dunar de las arenas de la playa, como ha sucedido en Playa Babilonia de Guardamar, por ejemplo. No cabe el argumento "medioambiental", sino una acción que los vecinos consideran "depredadora del Estado".

Y no es que los vecinos no hayan mostrado buena voluntad. Desde 1959 ha habido tres proyectos diferentes para hacer un paseo delante de sus casas y se han mostrado conformes. Incluso han cedido gratuitamente sus terrazas. El primero fue en 1959, que respetaba absolutamente las propiedades. El segundo en 1987, coincidiendo con la aprobación del PGOU de Cartagena, que llegaba a algunas terrazas. El tercer proyecto fue en 1991. Y en 2010 fue cuando los vecinos cedieron las terrazas. Solo se hizo la mitad del paseo proyectado.

El deslinde

Ahora Costas ha iniciado un deslinde que afecta a 15 viviendas (unas sí y otras no) que considera en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Luque, después de 80 años, ha descubierto que el Estado dice que su casa no está en régimen de propiedad, sino en régimen de "concesión" desde 1984.

La batalla legal se basa en qué documentos aporta una parte y qué documentos aporta la otra. Dónde está el fallo en los respectivos registros. En 2009, una orden ministerial condenaba su propiedad a un limbo de incertidumbre. "Sigo luchando porque creo que lo que es bueno, lo que es legal para esta casa, lo es también para las de mis vecinos y amigos", añade Luque. Es más, no le gusta la palabra "líder", sino la coordinador por elección de los damnificados: "Soy una de las voces visibles de los afectados. Somos muchos en esta terrible y desigual lucha".

Costas considera que de las 15 viviendas, un total de 14 expedientes se hallan en régimen de concesión "en diferentes estados administrativos". Concesiones extinguidas en su mayor parte. El objetivo del deslinde es "consolidar los límites del dominio público marítimo-terrestre en el tramo 2 de la playa de Levante, garantizando su protección y gestión sostenible".

"Un estado de derecho no puede acusar a ningún administrado, como si fuera un reo. Ha de escucharlo y tener en cuenta sus papeles ordenados. Los errores mantenidos tantísimos años deben anular cualquier expediente. No es posible que la vivienda, el hogar único de todo español, o secundario de muchos otros llenos de esfuerzos e ilusiones no sea respetado y cuidado por los que tienen como Estado el deber de hacerlo", asegura Luque recordando que el Informe Auken del Parlamento Europeo en el 2009, que "fue un firme aviso del abuso detectado en España".