El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de la Generalitat Valenciana reguladora del Fondo de Cooperación Municipal, como ya había adelantado este diario.
El recurso se fundamenta en la imposición a la Diputación de Alicante a participar en el fondo, mediante una ley no consensuada, a partes iguales con la administración autonómica y "atentar contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales como institución".
El recurso, presentado por el grupo popular a instancias del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, establece que la Ley 5/2021 de la Generalitat Valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal vulnera la autonomía financiera de las diputaciones.
"La Generalitat no nos ha dejado otro remedio al insistir en la vía de la imposición y vulnerar la autonomía local y provincial. La Diputación tiene su propio fondo, que dobla en cantidad al que propone la Generalitat y además es mucho más beneficiosa para los pequeños municipios, pero desde el Consell han evitado el diálogo y la coordinación imponiendo una ley para que se haga lo que ellos quieren sin consenso", ha señalado Mazón.
Vulneración
La vulneración de la ley aprobada por las Cortes Valencianas a instancias de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos se extiende a las leyes que otorgan máxima autonomía a las diputaciones y a la provincia de Alicante. “Siguen pensando que desde la imposición se trabaja mejor en la Comunidad Valenciana y nosotros seguimos diciendo que la suma de las distintas realidades en esta comunidad nos hace más fuertes. Su falta de diálogo y la imposición continuada nos han llevado hasta el Constitucional”, ha precisado Mazón.
El recurso presentado por el PP esgrime que la Generalitat exige a las diputaciones participar en el fondo "con los mismos criterios que el fondo estatal", una de las claves en las que se basa el recurso para iniciar esta batalla judicial contra una ley que Mazón tilda de “injusta con los municipios más pequeños”, además de que “la ley valenciana no tiene que ver con la estatal”.
El texto presentado ante el Constitucional establece que en ninguna de las comunidades autónomas de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. Además, recuerda que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que las ciudades se beneficiarían más de este fondo, contraviniendo así el objeto de las diputaciones que es ayudar a los municipios más pequeños.
El PP recalca así mismo que las comunidades autónomas pueden coordinar, como así recoge la ley autonómica, pero en ningún caso podrán inmiscuirse en las competencias de las diputaciones ni afectar a su gestión distributiva rompiendo sus previsiones de gestión presupuestaria. “El artículo 137 de la Constitución Española reconoce la autonomía de las diputaciones provinciales para la gestión de sus respectivos intereses”, recuerda el texto presentado ante el Constitucional por los populares.
El recurso del PP ante el Constitucional deja clara la estrategia del Consell de vaciar de competencias a las diputaciones. El propio presidente de la Diputación de Alicante compareció ante Les Corts y la Diputación alicantina llegó a retirar las alegaciones del pleno intentando llegar a un acuerdo, pero la negativa del Consell y su imposición siempre ha sido una constante.