La aplicación WhatsApp vuelve a ser eje de la polémica en San Vicente del Raspeig. El portavoz popular Óscar Lillo reclama la personación del Ayuntamiento en el juzgado que se encarga de esta causa. En un comunicado, demanda esta actuación por la supuesta filtración de datos en grupos con personas no autorizadas para tratar esa información municipal.
Lillo critica que "han pasado varios meses desde que se inició este procedimiento y, lejos de solicitar esclarecer los hechos, el alcalde no parece estar por la labor de que el Ayuntamiento se persone en esta causa como parte afectada". "El alcalde", prosigue, "es el máximo responsable de este Ayuntamiento y debe velar por los intereses del mismo".
Ante esa actitud, el comunicado contrapone la que mantuvo el propio PP. Así, destaca que "en cuanto tuvo conocimiento de los hechos a través de la prensa instó a la Fiscalía para que investigaran". En ese sentido, critica a Villar porque "pidió la dimisión de todos los concejales implicados en los grupos de WhatsApp", pero "horas después los disculpaba".
El ejemplo de esta forma de comportarse lo sitúan en la posición respecto a Guillermo García. "Pasado el tiempo premió al ahora investigado, al que puso al frente precisamente de este departamento de Contratación". Y detallan que así se le "aumentaron las competencias y por ende el sueldo". Eso pese a que su causa está en el juzgado "y a que su propio partido socialista le ha suspendido de militancia".
Filtraciones
El comunicado de Lillo es especialmente duro en las críticas a la concejala Asunción París porque "en declaraciones a medios, alude a que la persona conocedora de todos estos hechos, puso a disposición del partido socialista la documentación sobre los grupos de WhatsApp". Ese hecho les "parece inaudito" porque "en vez de denunciarlo ante los juzgados" se han tenido "que enterar por las filtraciones de información a la prensa".
El repaso que hace el portavoz popular a la polémica que rodea el caso de los whatsapp enumera los aspectos más chocantes que ha tenido. El punto de partida es la publicación de las capturas de pantalla de conversaciones "donde trabajadores municipales eran menospreciados profesional o personalmente por los componentes de esos grupos entre los que se encontraban concejales socialistas".
Un apartado en el que también señalan las dimisiones de tres concejales en el Gobierno municipal "y la protesta de los trabajadores municipales a las puertas del consistorio como consecuencia de tan deleznable conducta por parte de regidores municipales".
Lillo resalta en este sentido que esas polémicas, "al margen de comportamiento éticamente reprobable, no tiene que ver con los insultos". Y aquí pone el foco en otro aspecto clave, "el intercambio de documentos que no son de orden público en estos grupos en los que además de concejales había otras personas ajenas al ámbito del grupo municipal socialista. Un hecho que puede ser constitutivo de delito de infidelidad en la custodia de documentos y tráfico de influencias".
El portavoz popular recalca que "son hechos inéditos en nuestro Ayuntamiento y muy graves. Incluso al alcalde le molesta que pleno tras pleno le recordemos que hay concejales que, al menos de forma cautelar, no deberían mantener sus competencias y ahí están, gestionando dinero público".