El 11 de mayo de 2015, dos semanas antes de las elecciones autonómicas, el entonces secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, se reunió en Benidorm con los principales empresarios turísticos de la ciudad. La legislatura de Alberto Fabra (PP) en la Generalitat había dejado cierto poso de bronca con el sector, después de haber diluido las competencias de Turismo en Economía y haber puesto al frente a alguien (Máximo Buch) que no es que tuviese las relaciones más fluidas del mundo con el lobby hotelero.
Para aprovechar esta ventaja táctica Puig desembarcó en Benidorm con una promesa muy concreta: la de crear una Conselleria específica de Turismo y ubicar su "sede política (así la llamo)" en el Invat·tur, el instituto de tecnologías turísticas ubicado a las afueras de la ciudad. Algo sencillo, espectacular, y de peso. Perfecto para unas elecciones.
Puig, como es sabido, ganó aquellas autonómicas y las siguientes, las de 2019. Pero ni entonces ni después cumplió con su promesa. Ni ha creado un departamento específico para Turismo (sigue siendo una Secretaría Autonómica adscrita a Presidencia) ni, por supuesto, ha trasladado ninguna sede operativa de este órgano de toma de decisiones a la ciudad con mayor generación turística de la región.
Y eso que aquello se vendió desde el equipo del propio Puig como el inicio de una "descentralización de la burocratización" que casa perfectamente con el discurso actual del presidente respecto a la "aglomeración" de estructuras de poder en la capital de España, Madrid.
De hecho, recuerda a un argumento que el jefe del Consell suele utilizar a menudo al reclamar que Puertos del Estado se ubique en Valencia: el que esté en una ciudad con un Puerto importante. Benidorm concentra casi la mitad de todo el negocio turístico de la Comunidad Valenciana.
(Casi) todo en Valencia
A pesar de este gusto por reclamar el reparto de los centros de decisión, de las 11 consellerias que tiene el Gobierno valenciano diez tienen oficialmente su sede en la capital valenciana. Es importante el matiz de oficial porque, aunque la número 11, Innovación, en teoría tiene su sede en Alicante, en la práctica la mayor parte del personal y del poder sigue en Valencia.
El discurso de Puig también se ha topado con otra contradicción reciente con la centralización del servicio del CICU, que quiere cerrar en Alicante y Castellón para (de nuevo) ubicarlo en la capital del Turia. Los argumentos de Sanidad: el dispensar un mejor servicio, algo que ha rechazado el Sindicato Médico.
En el lado contrario, el mayor guiño que ha hecho últimamente Puig a la provincia es el ubicar la Agencia de Protección del Territorio en Elche, un organismo que nace con 20 funcionarios. Sin embargo, el adherirse a él (o no) es algo voluntario, por lo que no se trata de un órgano de peso. De momento dará servicio a 130 municipios.