El pasado jueves 14 de enero se convocó a cientos de jefes de departamento de los centros educativos de Alicante a varias reuniones telemáticas con los "asesores lingüísticos" nombrados por la Conselleria para implantar la Ley de Plurilingüismo. Una ley aprobada en febrero de 2018 con la que PSPV-PSOE y Compromís pretenden que todos los alumnos de todos los ciclos de la Comunidad Valenciana cambien la lengua vehicular del castellano al valenciano en unos años.

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La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que agrupa a un millar de profesores, en su mayoría de la Vega Baja alicantina -una de las reconocidas por el Estatuto de Autonomía como de "predominio lingüístico castellano" junto a varios municipios del Medio y Alto Vinalopó, así como extensas zonas de las provincias de Valencia y Castellón-, denuncia que desde el Gobierno autonómico se está aprovechando la pandemia de Covid-19 "para imponer el valenciano y suprimir los derechos de los ciudadanos de la Comunidad a elegir la lengua vehicular con la que aprenden sus hijos", asegura Arturo de la Torre, uno de los miembros de su gestora.

En las reuniones se leyó durante al menos cincuenta minutos las instrucciones para que cada centro presente su plan de implantación (PLC) antes de finales de febrero. No se admitieron preguntas, salvo las escritas en un chat con posterioridad a la reunión, y que prometieron contestar después de que los "asesores" abandonasen la sesión informativa sin establecer diálogo ni resolver dudas.

Los directores y jefes de departamento aseguran que bastante tienen con evitar más contagios en las aulas como para ahora tener que preparar esta reversión educativa en un mes. Algunos centros han tenido que sumar clases de dos cursos en las "burbujas anti-covid", en otros hay clases presenciales y telemáticas en días alternos. "Como para ahora preparar una didáctica completamente nueva con una pedagogía específica en la que prima incorporar el valenciano no sólo a las áreas de conocimiento sino a la totalidad de elementos educativos", protesta Miguel Ángel Robles, otro de los portavoces de la plataforma.

La ley prevé ya para el año que viene que en todos los centros y en todos los niveles de Secundaria y Formación Profesional (no de forma progresiva) -independientemente de si están "exentas" del valenciano como reconoce el Estatuto y la Ley de Usos algunas zonas- se alcance el 25% como mínimo de enseñanza en valenciano de asignaturas troncales como matemáticas, biología, geografía o historia. "De ahí en adelante, con revisiones cada cuatro años, hasta que en una docena de años sólo se imparta en castellano la asignatura de Lengua Castellana. Como en Cataluña", señala De la Torre.

Esta aplicación implicaría una desigualdad evidente de oportunidades entre alumnos de comarcas en las que se habla y escribe en valenciano (porque es lengua materna), y los de comarcas donde no se habla ni una palabra de valenciano, con fuerte presencia de ciudadanos extranjeros, comunitarios o inmigrantes, pese a que desde años se dé la oportunidad de cursar el valenciano como asignatura lingüística. Los alumnos tendrían que competir en las pruebas de acceso a la universidad, por ejemplo, en una clara desventaja.

Aplicación en suspenso

Este programa debía haber sido implantado en el curso 2020-21 pero la pandemia lo dejó en suspenso porque el confinamiento impidió las reuniones de los consejos escolares para aprobarlo en cada centro. Ahora se quiere aplicar en 2021-22 y para ello los centros sólo tienen un mes para planificarlo y que luego la Conselleria lo apruebe.

Hace un año, 20.000 personas se manifestaron en Orihuela (capital de la comarca de la Vega Baja) contra una imposición lingüística que creen contraria a la Constitución y al Estatuto.

De hecho la protesta iba a extenderse desde Orihuela al resto de comarcas y ciudades. El 7 de marzo del año pasado estaba prevista una gran manifestación en Alicante que los organizadores finalmente decidieron suspender ante la amenaza del contagio, algo que contrastó con el mantenimiento el día después de las manifestaciones por el Día de la Mujer Trabajadora, el 8-M. Lo curioso del asunto es que en la capital de la provincia, pese a estar considerada de predominio valencianoparlante, sólo uno de cada tres habitantes reconoce saber hablar valenciano (última encuesta realizada por la Generalitat, que compara datos de 2006 con los de 2011).

La Conselleria de Educación en la Comunidad Valenciana está en manos de Compromís (Vicent Marzà) pero quien da la cara en Alicante es su número dos, el socialista Miquel Soler, quien antes de la manifestación anunció que la ley no se cambiaría fuese cual fuese la participación. Ante la evidencia de los hechos, Soler, después de la movilización, trató de pagar el fuego usando una de las disposiciones que permitía "Programas Experimentales" para anunciar que se podría suavizar su implantación en las zonas de predominio castellano, aunque en principio estuviesen pensados para acelerar el proceso en vez de retrasarlo. Todo verbal. Nada por escrito.

Ley con pinzas

Los directores y docentes aseguran que nuevamente se les ha sugerido verbalmente que envíen el plan, el que sea o incluso vacío, porque la Conselleria "abrirá la mano". No hay profesorado suficiente que tenga la cualificación necesaria en valenciano y se están agrupando asignaturas en "ámbitos o bloques" (científico, lingüístico, social) para ver cómo pueden impartirse los programas educativos.

Todo eso es transmitido a los responsables de cada centro por los "asesores lingüísticos", una figura que la plataforma de docentes considera de dudosa legalidad porque no son inspectores ni se sabe cómo han sido nombrados ni con qué méritos cuentan, señala De la Torre.

El gran problema es que parte del articulado de la ley contradice la Constitución y el Estatuto de Autonomía y por eso no ha habido un desarrollo jurídico de rango inferior de la ley para su aplicación práctica. Los centros van a ciegas. "Cualquier error serviría para recurrir la ley y tirarla abajo, y eso es lo que no quieren desde el Consell", añaden desde la plataforma. De ahí que no se dé ninguna instrucción por escrito. Por eso ya han sido varios los escritos remitidos desde los centros a la Inspección Educativa alertando de que si aplican la ley los directores y jefes de departamento temen estar cometiendo prevaricación.