El rugido del león

Que algunos tramposos no manchen a todo el cine

A las dificultades que ya de por sí tiene el cine español para convencer a los espectadores en las salas se suma ahora la crisis de credibilidad que genera el fraude de las ayudas por taquilla. En puridad se trata de un escándalo minoritario por el que no se debe demonizar a una industria formada por más de 275 productoras, 330 distribuidores y 3.700 salas, ya que las investigaciones afectan a los productores de 42 películas que recibieron incentivos entre 2012 y 2015: un 15% del total. De momento hay cuatro causas abiertas en los juzgados por diez películas, pero no parece descabellado que aparezcan nuevos casos. 

El hecho de que los engaños para captar las ayudas fuera un secreto a voces, la implicación de destacados productores como Enrique Cerezo, Gerardo Herrero o Miguel Bardem, y la imputación este miércoles del expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho son motivos suficientes para afirmar que este escándalo pone en la picota todo el sector.

Sin menoscabo de la presunción de inocencia, el caso de González Macho, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntamente amañar las cifras de taquilla de Rosa y negro para conseguir 731.900 euros, es singularmente dañino porque supone una mancha en la credibilidad de la máxima institución del cine español.

Aleccionaba contra la piratería

La vehemencia con la que el productor ahora imputado aleccionaba contra la piratería, y el hecho de que pudiera haber hecho trampas para quedarse con el dinero público mientras presidía la Academia, sólo puede contribuir a subrayar los peores sambenitos de un gremio al que tantas veces se le ha acusado de vivir de la sopa boba. 

El caso de González Macho resulta además ilustrativo porque él es productor, distribuidor y exhibidor, y el engaño sólo era posible con el concurso de estos tres actores. El modelo de ayudas todavía vigente prima las subvenciones a posteriori de las cintas, en función de su resultado en las salas, a partir de recaudaciones de 60.000 euros y 30.000 euros (para películas en las lenguas cooficiales), así que algunos productores, distribuidores y exhibidores se ponían de acuerdo para recomprar entradas o directamente falsificar las cifras en taquilla con el objeto de acceder a las ayudas, que podían alcanzar los 1,5 millones.

El Gobierno va a volver a un sistema de ayudas a la producción para reducir la financiación de las deudas. Además, el cambio de reglas es oportuno para luchar de un modo más eficaz con el fraude en taquilla. Sin embargo, no ha sido capaz de consensuar un modelo que agrade al sector. 

Un escándalo, no una "venganza"

Del resultado de las investigaciones judiciales, del celo que aplique el Instituto de Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales (ICCA) en la investigación de todos los expedientes bajo sospecha y de cómo reaccione el propio sector dependerá que acaben o no pagando justos por pecadores. Lo peor que pueden hacer los profesionales del cine es convertir las trampas en las subvenciones en un nuevo motivo de enfrentamiento con el Gobierno, al que ya algunas asociaciones acusan de haber filtrado el escándalo en "venganza" por la oposición de la mayoría del sector a la modificación prevista del modelo de ayudas públicas.

Una cosa es que el Gobierno se equivoque al querer modificar el modelo de subvenciones, como demandaban la mayoría de los productores, sin acuerdo. Y otra que la gente del cine caiga en la tentación de convertir en su causa el futuro procesal y profesional de unos timadores. Las investigaciones deben ser exhaustivas y los castigos ejemplares para que las trampas de unos pocos no dañen la imagen de todo el cine español.