Con una población cada vez más envejecida, la atención de los mayores y, en especial, a las personas dependientes se ha convertido en uno de los grandes retos de la sociedad española actual. Tras casi 18 años con la Ley de Dependencia en vigor, que garantiza un determinado apoyo económico a esas personas, se abre una puerta nueva en la búsqueda de servicios tecnológicos que permitan al mayor desenvolverse con la mayor autonomía posible en su propio hogar, sin necesidad de verse obligado a ir a una residencia.

Este es el territorio que la Junta de Andalucía está explorando desde hace meses, con la colaboración, entre otras instituciones, de la Universidad de Málaga, y con financiación procedente de los Next Generation. La primera fase dispone de unos 2,5 millones de euros.

“El proyecto se llama ‘Vivir en casa’ y lo que buscamos es dar la posibilidad de quedarse en su casa a los mayores que ya van perdiendo cierta autonomía; si les das a elegir la mayoría prefiere eso antes que ir a una residencia”, explica la delegada de Inclusión Social,Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia.

Con este objetivo sobre la mesa, la Administración regional ha puesto en marcha una experiencia piloto, que incluye la creación de una especie de “laboratorio de pruebas”, el bautizado como Social Living Lab, en la residencia de mayores del popular barrio de El Palo, para después dar el salto a 15 viviendas con mayores reales en el distrito de Teatinos, también en Málaga capital.

“Lo que queremos demostrar es que si la persona quiere, si se ponen todos los apoyos necesarios, incluyendo la colaboración de los centros de salud, de los centros sociales, de los propios vecinos, y la tecnología, es posible que ese mayor no tenga que ir a una residencia”, añade.

Este logro tiene unas ramificaciones económicas claras. No sólo permitiría satisfacer la necesidad del mayor de mantenerse en su hogar, sino que incluso podría ser económicamente ‘rentable’ para la Administración regional. Aunque queda por medir el impacto final, el coste del sistema planteado podría ser inferior a lo que mensualmente supone el pago de una residencia, que puede alcanzar los 3.000 euros mensuales.

Tanto el laboratorio inicial como las viviendas que están en fase de selección para el programa serán dotados de un rico plan de sistemas domóticos. “Todo tiene que estar preparado para simular la casa de una persona con una dependencia, ya sea porque va en una silla de ruedas o por sus propias dificultades como persona mayor”, detalla Sarabia, acompañada de Elena y Jesús, dos de los técnicos protagonistas del programa.

“¿Qué va a haber allí? De todo”, asegura. Y eso incluye un robot capaz de dispensar la medicación al mayor; pulseras que informan sobre si la persona se ha movido o no durante el día; gafas de realidad virtual con las que el mayor sabrá qué ejercicios tiene que hacer; un andador inteligente que va a guiar para ir desde el salón al cuarto de baño, por ejemplo; una nevera informatizada para alertar al centro de salud si no se ha abierto pasado un tiempo determinado; sensores para que las luces se enciendan al paso de la persona; sistemas que suben y bajan las persianas sin que el mayor se tenga que levantar…

El trabajo previo en el laboratorio se antoja clave para pulir determinados detalles del proyecto, adaptándolo a las necesidades reales de los beneficiados. A modo de ejemplo, se está estudiando la posibilidad de que el robot tenga brazos y manos, de manera que ejecuten de manera más sencilla y completa la dispensa de los medicamentos, por ejemplo.

La delegada destaca que se trata de un proyecto “pionero” en Andalucía. “Es verdad que en España hay algunos casos, pero no tan completos como lo que estamos haciendo aquí”, dice. La afirmación es completada por Jesús, quien confirma este extremo, mencionado otras iniciativas en Valladolid y Barcelona. En el caso de esta última ciudad, la propuesta está más centrada en la lucha contra la soledad no deseada mediante el empleo de domótica. “Lo que hemos hecho, de algún modo, es coger lo mejor de un sitio y de otro, dando forma a una idea pionera”, añaden.

Con la hoja de ruta trazada, la intención es arrancar el trabajo con las familias seleccionadas a lo largo de septiembre, estando previsto la finalización de la primera fase en diciembre. Los beneficiarios podrán mantener los sistemas que se instalen en su casas de por vida.

La aspiración es que los resultados que se extraigan de esa experiencia sirvan para plantear mejoras evidentes en los servicios que ofrece la Ley de Dependencia, actualmente limitada a la financiación de los costes de atención personal. Y que se pueda impulsar una segunda fase también con financiación europea.