Jordi ànchez y Jordi Cuixart abandonan la Audiencia Nacional tras declarar. Agencia EFE
Paradojas de un momento histórico
Más de un miembro del Gobierno suspiró el viernes aliviado cuando la jueza Carmen Lamela dejó regresar a Barcelona sin medidas cautelares al mayor Trapero y a los líderes de la ANC y de Omnium. Apenas 72 horas antes los hubieran querido en la cárcel.
Uno de los problemas de los procesos penales es que tienen vida propia. Una vez que se ponen en marcha nadie puede saber con certeza cómo van a evolucionar, mucho menos cuándo o de qué modo van a terminar. La decisión de la Fiscalía de instar la iniciación de una causa por sedición en la Audiencia Nacional mediante la presentación de una denuncia el 22 de septiembre fue una decisión jurídica lógica y coherente: era la respuesta fulminante de un fiscal general sin miedo y sin complejos, José Manuel Maza (magistrado del Tribunal Supremo), al humillante asedio sufrido por los guardias civiles a los que los hooligans de ANC y Omnium tuvieron 18 horas retenidos en la dependencia de la Consejería de Economía a la que habían acudido para practicar un registro por orden judicial.
La impecable resolución de la jueza instructora, Carmen Lamela, declarando que corresponde a la Audiencia Nacional investigar este asunto desautorizó a algún pontífice del Derecho que aún respira por la herida (me refiero al exjuez Garzón, que se lució publicando un día antes de la decisión de la magistrada un artículo en el que afirmaba, categórico, que "la Audiencia Nacional no es competente para instruir ni juzgar el delito de sedición") y pulverizó las vacilaciones sobre la cuestión de la competencia que, paradójicamente, habían surgido hace unas semanas en algún relevante miembro de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que Maza tuvo que llamar al orden.
La competencia de la Audiencia Nacional es clave para que se atenúe la presión sobre los fiscales y jueces de Cataluña y para desactivar la toma de la calle por ANC y Omnium, cosa no menor. El paseíllo de Trapero, Jordi Sánchez y Jordi Cruixat camino de declarar hubiera sido un incendio en Barcelona, mientras que en la Plaza de la Villa de París no pasó del aplausito de cuatro adeptos rodeados de policías nacionales que los pusieron en su sitio: confinados en una esquina. Si la Fiscalía de la Audiencia Nacional no es capaz de ponerse sin titubeos en el suyo, esto es, en la primera línea de la contestación jurídica al golpe de estado independentista, apaga y vámonos.
La intrahistoria de este momento crucial para España esconde otras paradojas, como la de ese fiscal de Cataluña que parecía muy echado para adelante y que, llegada la hora de la verdad, ha pedido encarecidamente a sus colegas de Madrid que no instaran la adopción de medidas cautelares contra el mayor de los Mossos ni contra Sánchez ni contra Cuixart. Si este viernes Lamela, en vez de echar el freno, hubiera llegado a convocar la vista para debatir la imposición de medidas cautelares, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo hubiera pedido la prisión incondicional. Siendo una denuncia del propio Ministerio Público, tratándose de un delito gravísimo, existiendo indicios sobrados y con la mirada de las Fuerzas de Seguridad de Estado sobre ella, la Fiscalía no hubiera podido arrugarse.
La jueza acabó siendo receptiva a los argumentos de que era mejor posponer la vistilla. Mandar a la cárcel a los cabecillas de ANC y Omnium hubiera vuelto a prender la mecha en las calles de Cataluña y hubiera dado alas reforzadas al 'procés' en un momento en que su división interna y, especialmente, la presión del frente financiero y económico han abierto grietas en él por todos lados. Puesto que había argumentos jurídicos para aplazar el debate sobre las cautelares (nuevos informes de la Guardia Civil presentados a última hora han ampliado datos sobre la conducta de los investigados no sólo el 20 de septiembre sino también sobre el 1-O), utilicemos de forma inteligente las opciones que da el Derecho.
Mientras eso se dirimía en la Audiencia Nacional, dos miembros del Gobierno reunidos en Consejo de Ministros esperaban ansiosos noticias. Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido hubieran estado felices si los Jordi hubiera acabado entre rejas en cualquier momento antes del martes, cuando la intervención televisiva de Felipe VI fue la palanca que invirtió el curso del proceso. Pero el viernes la preocupación por un eventual encarcelamiento les embargaba. Sin capacidad alguna de influir en la magistrada, el primero hubiera tenido que dar la cara por no controlar la actuación de la Audiencia Nacional (como si en un Estado de Derecho eso fuera correcto) y el segundo hubiera tenido que afrontar los incidentes de orden público que a buen seguro se hubieran desatado en Cataluña.
Pero que los presuntos sediciosos no canten victoria: es sólo un aplazamiento.
