El juez del caso Rato apercibe de desobediencia a la jefa de la ONIF harto de que retrase los informes

El juez que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado efectuar un requerimiento personal a la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Marga García-Valdecasas, para que, "con expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia", informe al Juzgado sobre el estado de las diligencias ordenadas para concretar los supuestos delitos fiscales por los que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Aunque el requerimiento se refiere a la investigación fiscal de las relaciones entre Rato y las mercantiles Lazard y Telefónica, que son objeto de una pieza específica, los retrasos de la oficina antifraude están siendo constantes en el conjunto del procedimiento.

La ONIF fue precisamente la que dio origen al proceso penal que se sigue contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional al presentar en abril de 2015 una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. La oficina antifraude había acudido previamente a la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó actuar contra Rato al considerar que la investigación no estaba suficientemente madura.

La Fiscalía de Madrid, en cambio, hizo suya la denuncia de la ONIF y el Juzgado de Guardia ordenó la detención de Rato el 17 de abril de 2015 para la realización de varios registros en domicilios y empresas. El punto de partida de la investigación -la existencia de supuestos delitos fiscales- debía ser objeto de un informe definitivo sobre las cantidades exactas que se habrían defraudado, informe que la ONIF ha ido demorando mes tras mes.

Serrano-Arnal ya llamó la atención a la ONIF en julio de 2015 al acordar en una resolución que "visto el tiempo transcurrido sin que se haya procedido a la elaboración del informe acordado (...) indique las causas que impiden su remisión".

Datos "exactos"

En septiembre de 2015 el juez ordenó a la ONIF que procediera "con la máxima urgencia" a indicar "las exactas cantidades supuestamente eludidas". El organismo comunicó al Juzgado la "imposibilidad" de realizar el informe definitivo hasta que toda la documentación procedente de los registros fuera desprecintada y foliada y la Audiencia de Madrid determinara la documentación que podía o no ser tenida en cuenta.

Pero todos esos obstáculos quedaron despejados en octubre de 2015 y la ONIF siguió sin entregar el informe definitivo sobre Rato. Sí aportó cuatro "informes de avance" que pidió que se tuvieran por definitivos. El juez, sin embargo, dictó una resolución el pasado agosto en la que indicaba que "haciendo transcurrido más de un año desde que obra en poder de la ONIF toda la documentación (...) requiérase a dicha oficina a fin de que, sin ulterior dilación alguna, proceda a elaborar informe definitivo en el que consten, en su caso, de manera exacta y precisa las cantidades exactamente defraudadas, desglosadas por períodos impositivos y tipo de impuesto a fin de proceder a la determinación de los delitos presuntamente cometidos".

Por lo que respecta a la pieza separada sobre Lazard y Telefónica, el instructor acordó el pasado 10 de noviembre dar un plazo de diez días a la ONIF para que informase "sobre el estado de las diligencias ordenadas y las investigaciones que queden pendientes".

El plazo ha transcurrido sobradamente sin que la oficina antifraude haya dado respuesta alguna al juez. Ante esta situación, Serrano-Arnal ha ordenado a la letrada de la Administración de Justicia que efectúe un requerimiento personal a la directora de la ONIF para que cumplimente lo reclamado por el magistrado, con expreso apercibimiento de desobediencia.