Andalucía

El exconsejero de Empleo andaluz dice que el caso de los fondos de formación es un 'bluf'

"Algunos quieren oír que me reunía con Chaves y pactábamos un 20% para Ojeda, pero no fue así".

El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández y el presidente de la comisión y diputado de Ciudadanos.

El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández y el presidente de la comisión y diputado de Ciudadanos. EFE

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“Usted quiere oír que me reunía con (Manuel) Chaves en un rinconcito de San Telmo (sede del Gobierno andaluz) y le decía: Mire ‘presi’, un 20% para (Ángel) Ojeda (principal imputado en el presunto fraude de los cursos de formación, exconsejero de Hacienda y empresario, que se presume que pudo haber recibido hasta 49,8 millones). Pero eso no fue así”. Así ha defendido en la comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento andaluz el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que nunca hubo “órdenes ilegales” para beneficiar a empresa o empresario alguno, sí hubo respeto a la legalidad y ejemplaridad de los funcionarios, y si algo falló, en todo caso, fueron los sistemas de control de las subvenciones por sobrecarga de trabajo y falta de personal.

Con estos mimbres, el único exconsejero andaluz que pisó por cuatro meses la cárcel por su imputación por el caso de los ERE, y quedó en libertad previo pago de una fianza de 450.000 euros en agosto de 2012, ha llegado a una conclusión: el caso de los fondos de formación, al menos en el caso de Andalucía (se investigan en 16 juzgados de todo el país, aunque el grueso de la causa está en esta comunidad), no es más que un “bluf” fruto del “nerviosismo” de los interventores y de la presión política y mediática tras el caso de los ERE. “Se puso a todo el mundo a cuestionar todos los sistemas y poner de los nervios a los interventores que dieron conformidad a las ayudas que ahora se cuestionan”, ha argumentado Fernández, insistiendo en que se entró en “crisis” porque hubo quienes aprovecharon el caso para “Andalucía como comunidad corrupta para ganar votos”, en clara alusión al PP.

Fernández ha querido tirar por tierra todas las teorías sobre la existencia de una trama para beneficiar a determinados empresarios o ayuntamientos, “porque no puede haberlos con esta normativa”, y mostrándose “orgulloso” de la gestión de su departamento en esta etapa (ocupó el cargo de 2004 a 2010, y los años investigados son desde 2002 hasta 2011). Ha calificando de “patético” que en la comisión se haya hablado de “órdenes ilegales” para flexibilizar la gestión de las ayudas y los controles, porque supone generar “desconfianza” hacia los funcionarios, además de un “desconocimiento de la administración”.

A su juicio, no hay “material penal”, en todo caso, administrativo, y lo único que sí hay demostrado hasta ahora son los 52.000 euros que se no justificaron en subvenciones a algunas empresas, dinero que no se puede recuperar porque los plazos han prescrito. En realidad es algo más de dinero, son 58.484 euros, pero eso representa un 0.002% de los 2.900 millones que se destinaron en ese periodo a la formación para el empleo, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta.

La comparecencia de Fernández ha sido muy bronca. Su tono ha llegado a ser calificado de “altanero” por la portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet. Y es que Fernández no ha tapado lo más mínimo su indignación. Él se ve marcado por el “sello” de la corrupción que cree que no ha habido, y que entraña un “daño social irreversible”. Por eso no ha dudado en revolverse en contra de la comisión, porque ve que la utilidad no es dirimir su responsabilidad política, puesto que ya hace seis años que no tiene ninguna, sino que se busca es “culpar a otros compañeros”. Por si alguien tuviera esa intención, Fernández ha sido claro desde el principio. A la diputada de IU, Elena Cortés, le ha espetado: “no lleve esa alforja de intentar implicar Chaves y Griñán”.

La tensión también ha venido provocada por los constantes rifirrafes entre los diputados del PP y del PSOE a cuenta de la no comparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, comunicada horas antes de la cita parlamentaria, amparándose en un informe del Consejo de Estado por el que se dictamina que la Cámara andaluza no tiene competencia para llamarla a declarar.

Misma estrategia de defensa

Antes que Fernández ha declarado su antecesor en el cargo, también señalado en el caso de los ERE y de los fondos de Formación, José Antonio Viera. En un tono muy distinto al de Fernández, entre otras cuestiones, porque sólo estuvo dos años en el cargo y no fue hasta su salida cuando llegaron los primeros informes de la Cámara de Cuentas alertando de ciertas anomalías, ha venido a mantener la misma línea de defensa: nunca se dio instrucción para dar un trato de favor a ningún empresario o ayuntamiento.

Viera también se ha afanado por alabar el trabajo y la “rigurosidad” de los funcionarios y se ha declarado “orgulloso” del equipo humano con el que contó en aquella etapa y también de los resultados: 1.272 millones invertidos en políticas activas de empleo, de los que se beneficiaron 790.000 personas, de la que 92.000 encontraron un empleo.

No es la primera comisión de investigación en la que comparecen y coinciden Fernández y Viera. Ya lo hicieron por el caso de los ERE. Ambos iban a ser dos de los señalados como responsables políticos de este escándalo, pero escaparon en el último minuto por la estrategia del PP de querer caza mayor y llegar hasta la presidencia de Chaves y Griñán. El PSOE entonces gobernaba gracias al apoyo de IU, que en este caso se desligó de los socialistas y coincidía con el PP en señalar a estos dos exconsejeros, además de a otros cargos, como el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y otros más. Los populares quisieron ir más allá e IU no les acompañó. La comisión se cerró en falso y sin dictamen.