Perjuicio económico de 15 millones

Blesa y Barcoj, investigados por las retribuciones de Caja Madrid

Considera que los hechos hacen presumir la posible existencia de delito aunque cree que debe investigarlo la Audiencia Nacional.

Miguel Blesa, tras declarar en mayo de 2014 en la Audiencia Nacional

Miguel Blesa, tras declarar en mayo de 2014 en la Audiencia Nacional EFE

Un Juzgado de Madrid acaba de abrir una nueva causa al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a su exdirector general, Ildefonso Sánchez Barcoj, por posibles irregularidades en las retribuciones de los directivos de la entidad entre 2007 y 2010, que habría supuesto un perjuicio económico para la entidad de unos 14,8 millones de euros, tal y como alertó el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha abierto diligencias previas por posible infracción penal contra Blesa y Sánchez Barcoj. Inicia así una investigación a estos dos directivos de la caja aunque a su vez se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, al entender que los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de administración desleal, en base al informe del FROB, pudieron producir “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

La instructora también tiene en cuenta la “cantidad elevada” de dinero que pudo tener repercusión en la actividad de la caja y en la marcha de la sociedad y, por tanto, debe ser, a su juicio, la Audiencia Nacional el órgano encargado de investigarlo. Por eso, admite la querella de la Fiscalía y abre diligencias hasta que se resuelva la competencia porque “al apreciarse indicios de la comisión de hechos delictivos , debe continuarse la instrucción hasta que recaiga resolución sobre esta cuestión”, recoge la resolución.

Nuevo proceso a Blesa

La magistrada entiende que el caso debe ir a la Audiencia Nacional pero no necesariamente dentro de la causa que sigue el juez Fernando Andreu sobre la fusión y salida a bolsa de Bankia así como la pieza separada sobre las conocidas como 'tarjetas black' que utilizaron miembros del Consejo de Administración y directivos de la caja y en la que Blesa está imputado. Con esta causa, el expresidente de la caja se enfrenta a un nuevo proceso judicial después de conseguir que otra juez de Madrid archivara recientemente la causa por la que estaba imputado por la compra del Banco de Miami.

La juez centra la investigación en el expresidente y el exdirector general pero evita investigar a todos los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Dirección, tal y como solicitaban las acusaciones representadas por UPyD y Manos Limpias, cuyas querellas han sido inadmitidas.

La juez admite así la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se recogía que a raíz del escrito del FROB se recibió en el Ministerio Público un informe de la empresa Pricewaterhouse Coopers. Según este informe, el Ministerio Fiscal considera que hay indicios de que entre 2007 y 2010 se produjeron irregularidades en las retribuciones de altos cargos de Caja Madrid. Se hace referencia a un Consejo de Administración de 2 de septiembre de 2008 en que se aprobó un incremento de l4,5% respecto a la masa salarial del 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, omite citar a declarar en calidad de imputados a los querellados, tal y como ha solicitado en dos ocasiones el Ministerio Público.

La Fiscalía ve delitos societarios

El Ministerio Público afirma que el presidente de entonces, Miguel Blesa, no sometió el acuerdo a la Comisión de Retribuciones . Alega que finalmente el importe del incremento aplicado entre los nueve directivos del Comité de Dirección ascendió a un 16%, que se cifra en 2.047.248 euros. Pone de relieve que este incremento repercutió en el cálculo de la retribución variable de los miembros del Comité de Dirección, fijándose esta cantidad en 935.047 euros.

También describe que no se ha hallado justificación en el pago de 896.700 euros en concepto de obtención de objetivos, dentro de la retribución variable . Así que la Fiscalia denuncia que parte de las aportaciones del plan de pensiones de los miembros del Comité se incluyó en las nóminas como gratificación extraordinaria, de forma que finalmente la tributación la asumía Caja Madrid , y no los directivos , cifrándose el perjuicio en 1.835.881 euros.

Por último, el Ministerio Público apunta a las posibles irregularidades en los pagos a cuatro directivos al finalizar la prestación de servicios. El Ministerio Fiscal ha calificado estos hechos inicialmente como constitutivos de delitos societarios de administración desleal . “De lo anterior se desprende que los hechos anteriores podrían ser constitutivos de infracción penal. En cuanto a la calificación de los mismos, se tiene en cuenta que en el escrito presentado se hace hincapié en el carácter provisional de la misma, por lo que no debe hacerse una valoración en esta fase procesal sobre esta cuestión”.