Las cámaras de comercio, como las diputaciones, resultan instituciones que continuamente se pone en duda su utilidad y mantenimiento, siendo ambas foco permanente de atención y motivo de discrepancias. Unos entes que ya en 2010 sufrieron una merma en su actividad cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso fin a la obligatoriedad de las cuotas que tenían que pagar las empresas. Una disposición que supuso para las cámaras de comercio españolas una pérdida de unos 250 millones de euros, aproximadamente el 60 por ciento de sus ingresos, obligándolas a duros ajustes laborales en su estructura. Unas medidas que no fueron ajenas para las cámaras castellano-manchegas, que igualmente pasaron del esplendor económico albergado hasta esa fecha al drástico recorte presupuestario consecuencia de la merma de ingresos en la institución.

El Gobierno de Castilla-La Mancha negocia la nueva Ley Regional de Cámaras, un texto legal actualmente en periodo de alegaciones que ha suscitado serias discrepancias entre las cámaras de esta tierra. Un conflicto que viene de lejos ante la diferente percepción que de estos organismos, su funcionamiento, y utilidad tienen sus respectivos consejos provinciales, algunos de cuyos vocales mantienen una estrecha relación o son miembros de las respectivas federaciones provinciales de empresarios. Una trayectoria aún difusa e incierta que choca en ocasiones con la patronal que en absoluto quiere perder su influencia y capacidad de negociación como voz única del sector y de prestación de servicios. Una crisis que no tiene visos de remitir a la vista de las manifestaciones de sus principales representantes, bien distintas y distantes algunas del propósito e ideas del actual presidente del Consejo Regional de Castilla-La Mancha, Félix Aceñero.

El fin de la barra libre que proporcionaba el dinero público, unido a la supresión de la cuota que obligaba a las empresas a pasar por caja, forzaron a las cámaras a reinventarse lo que motivó una perdida indiscutible de protagonismo. Una merma notable de influencia que se evidenció de inmediato: la inmensa mayoría de empresarios dejó de pagar un recibo que hasta entonces era obligatorio. De esta forma se pudo comprobar el apego que el sector tenía a las cámaras de comercio, es decir, ninguno. Una actuación consecuencia lógica de tantos años de extorsión fiscal sin provecho alguno para las propias empresas y sus territorios, cuyos actuales servicios pueden ser asumidos perfectamente por la patronal. Una conducta que, no obstante, las cámaras de comercio quieren preservar ante la evidente falta de utilidad que para la inmensa mayoría de empresarios constituyen unas instituciones absolutamente prescindibles.