Al gobierno valenciano no le ha sentado nada bien que el Ejecutivo les obligue a pagar los 18,9 millones más intereses (57.567 euros) por el pago de la multa que impuso la Unión Europea por manipular los datos del déficit en la Comunidad Valenciana durante los años del PP. “Aquí estamos ya al límite. Hasta aquí hemos llegado”, ha dicho este miércoles la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que ha anunciado que el Consell va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra esta decisión aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo.

Bruselas decidió multar a España el pasado año por “negligencia grave” por no registrar gastos sanitarios en la contabilidad pública de la Comunidad Valenciana. Esto provocó una “tergiversación” en los datos de déficit público que se remitieron en 2012 a Eurostat. El gasto no registrado durante años ascendió a 1.900 millones de euros de facturas en los cajones y se destapó ante la necesidad de aflorarlos por el plan de pago a proveedores. El Estado pagó la multa de casi 19 millones el pasado 28 de enero e inició el procedimiento para derivar esta responsabilidad a la Generalitat Valenciana al señalarla como la “Administración responsable”.

El gobierno encabezado por el socialista Ximo Puig presentó un recurso alegando que los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) alertaron de la situación desde 1998 y que la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas eran conocedoras de la situación. Así que alegaron que corresponde a España pagar la multa y no derivarla a Valencia. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha rechazado estos argumentos y acordado que la repercusión del pago “corresponde en exclusiva” a la Comunidad Valenciana.