Al menos 10 películas han sido o están siendo objeto de una investigación por parte de cuatro juzgados de instrucción de Madrid por presunto fraude en la obtención de ayudas del Ministerio de Cultura. Esta institución, a través del Instituto de la Cinematografía (ICAA) también investiga a otras 32, de las que tiene indicios suficientes. Así lo han matizado a EL ESPAÑOL fuentes consultadas, después de que el diario “El País” destapara que está en marcha la investigación judicial por un “fraude millonario”, en la que se hablaba inicialmente de 38 películas sospechosas. El engaño consistiría en la práctica de inflar la cifra de asistentes a las proyecciones las películas en cuestión para poder acceder a las subvenciones a posteriori.

Todo comenzó en 2012, con la denuncia de varios trabajadores de una empresa de exhibición cinematográfica, que señalaron esta práctica ilegal. La denuncia dio lugar a un informe de Cultura, que fue remitido a la Fiscalía de Madrid, corroboran las fuentes consultadas, que no pueden aportar más datos al estar varios de los casos aún abiertos. Los títulos corresponden a producciones del año 2010, si bien con el anterior sistema de ayudas, que acaba de ser remodelado, las subvenciones se cobraban a posteriori, dos años después.

Ayuda retirada

De los 38 títulos inicialmente sospechosos para el Ministerio, fueron 12 los que finalmente resultaron afectados por la medida disciplinaria adoptada en la vía contencioso-administrativa: en 2012 no recibieron subvenciones, lo que motivó que estos llevaran la decisión a juicio. Dos de ellas han ganado sus respectivas denuncias, Don Mendo Rock, producida por José Frade, y El baile de San Juan. Otras cuatro las han perdido: Blow Horn, El género femenino, Miami Blue y Los últimos días del mundo. Hay otras seis producciones que se encuentran aún en los juzgados.

De la misma manera, en 2013 y 2014 se les ha exigido el reintegro de las subvenciones concedidas a 23 películas, y en lo que va de 2015 a otras 9. La práctica, supuestamente, consistiría en aumentar el número de espectadores que una película había logrado en una proyección o incluso declarar proyecciones que nunca habían tenido lugar para poder llegar al mínimo exigido por la ley, 60.000 espectadores o 30.000 en el caso de filmes rodados en lenguas co-oficiales, para tener acceso a la ayuda.

A partir de esa actuación, y dado que se tenían "indicios suficientes", el ICAA elevó a la Fiscalía la información de que disponía y con ese informe, que está subiudice, se abre el caso por vía penal. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) introdujo a partir de 2012 un control de taquillas, y no solo in situ en los cines sino a las propias productoras, y desde ese momento eleva, a la Fiscalía de Madrid los casos de irregularidades que va detectando. Se trataba, según las fuentes consultadas, de “un nicho de potencial fraude”, si bien insisten en que “se siguen desarrollando esos controles” y aseguran que “son casos puntuales y no pueden ensombrecer la imagen de todo un sector”.

El acuerdo de Bardem

Las ayudas a la amortización, según los datos de la memoria anual que elabora el ICAA, que se concedieron en 2012 fueron de 34,4 millones de euros para 64 largometrajes de 95 empresas solicitantes. En 2013 beneficiaron a 33 largometrajes y 45 empresas, con un importe total de 24,3 millones de euros, y, en 2014, fueron 78 largometrajes y 105 empresas, con un importe total de 53,4 millones de euros, según informa Efe.

El presunto fraude está siendo investigado, al menos, por los juzgados de Madrid número 41, 29, 40 y 23. Fuentes del número 41 han informado a Efe de que ha concluido la instrucción de los casos que le han llegado y que han decretado la apertura de juicio oral. En esa sede están acusados de falsedad documental y fraude de subvenciones en grado de tentativa Jaume Solé Viñas, Antonio Solé Viñas, Luna Exhibición SL y ABS Productions-Barcelona SL por las películas La zona muerta, Pecador y La última mirada.

El Juzgado de Instrucción número 29 investiga la película Los muertos no se tocan, nene, de Goma Centro de Producciones, y los imputados son Juan Goma Martín, Marc Albela, José Gago Herranz, José Ramón Gago Perales "y otros", además de Séptimo Arte Exhibiciones.

El Juzgado de Instrucción número 40, que ha entendido del caso de la película de la productora de Miguel Bardem El rey de la montaña, investigados también por falsedad documental y fraude en las subvenciones en grado de tentativa, ha habido acuerdo entre las partes, que se cerrará en los próximos días. Del Juzgado número 23 han declinado explicar a Efe los casos que les han llegado.