En Alicante, una de las provincias destacadas entre las mejores donde jubilarse, el cuidado de ancianos es un gran negocio. Y en este caso la Guardia Civil investiga el caso de una residencia que lo hacía de manera ilegal en la comarca de La Vega Baja, donde está acusada hasta de estafa a uno de los ancianos.

Así están investigando a la mujer responsable de este negocio clandestino que operaba desde un chalet particular. Según explican, esta ejercía como gerente de esta residencia que trabajaba sin los correspondientes permisos y que estaba al cargo en el momento de esta operación al cuidado de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana.

Fuentes de la investigación señalan que esta gerente, de nacionalidad suiza y con 70 años de edad, incluso llegó a contratar irregularmente a varios trabajadores sin formación para atender a los ancianos. Entre los delitos que se le atribuyen están los de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores.

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A partir de ahí se suma el que ejercía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables. Y por eso se la investiga también por una supuesta estafa de 9.500 euros a alguno de ellos, cantidad que acabaría transferida a su cuenta personal.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí ha sido el encargado de liderar la operación Geranio 24 con el fin de investigar y aclarar la actividad irregular en este chalet particular. Los guardias civiles han realizado el registro en la vivienda junto a inspectores de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana y en él han localizado nueve residentes ancianos alemanes y a varios trabajadores ejerciendo ilegalmente como cuidadores.

Los agentes han intervenido gran cantidad de documentación para su análisis y solicitado el bloqueo judicial de las cuentas bancarias. 

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La gerente de la residencia ilegal ha sido investigada por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores. El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela es el encargado de instruir la investigación. La inspección de Servicios Sociales ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, instando al cierre del negocio. De momento, este sigue abierto y funcionando.