Tienen razón quienes señalan que la crisis nacional abierta de resultas de la investigación judicial a Begoña Gómez va más allá de la figura personal de Pedro Sánchez. Pero no por lo que ellos creen.

Ciertamente, la controversia sobre las implicaciones públicas de la actividad profesional de la primera dama transparenta una problemática más general. Aunque no, evidentemente, la de una pugna entre la democracia encarnada en Sánchez y las fuerzas de la reacción impulsoras de la "máquina del fango".

No se trata de que la oposición haya cruzado una línea roja poniendo en la diana de la refriega partidista a la mujer del presidente para atacar en lo personal a Sánchez, sino de la ausencia de un mecanismo de previsión de estas eventualidades que, precisamente, permite que asuntos como este sean instrumentalizados como arma política.

El problema, en definitiva, son las reglas de juego mismas, y no tanto la intencionalidad más o menos aviesa de quienes se sirven de sus fallas para hacer política.

Estas reglas no son únicamente, como se ha tendido a señalar, las concernientes a la figura de la primera dama, que no está reconocida legalmente en el ordenamiento jurídico español. Si bien es cierto que su indeterminación normativa ha auspiciado un amplio margen de discrecionalidad que sólo ahora ha resultado problemático, cuando la mujer del presidente ha mantenido (e intensificado) en La Moncloa una actividad profesional que, como es la recaudación de fondos, puede comprometer la apariencia de limpieza en la concesión de ayudas públicas.

En cualquier caso, lo importante no es tanto remediar el vacío legal del estatuto de la primera dama, una situación que comparten todas las democracias europeas.

Lo verdaderamente acuciante, como ha señalado la abogada y mujer del ex vice primer ministro británico Miriam González Durántez en el Financial Times, es dotar a España de "un sistema efectivo para lidiar con los conflictos de intereses de los familiares y los cónyuges de los políticos".

De haber contado nuestro país con unas normas de integridad, el caso de Begoña Gómez podría haberse resuelto ordinariamente mediante un procedimiento administrativo tasado, en lugar de escalar hasta los tribunales y el Parlamento. Unas normas que no sólo darían más seguridad jurídica a la sociedad, sino que servirían también para proteger a las familias de los políticos y evitar así ataques como los que lamentaba Sánchez en su carta a la ciudadanía.

Como apunta González, en el modelo británico las alegaciones contra la mujer del presidente se habrían resuelto fácilmente por la Oficina de Buenas Prácticas, un sistema preventivo que asegura que el jefe de Gobierno se inhiba en aquellas decisiones que puedan afectar al trabajo de su mujer.

Si en España existiese una comisión independiente análoga a la británica, hubiera tenido conocimiento de antemano de las relaciones de Gómez con AirEuropa. Y habría podido determinar si Sánchez debía abstenerse en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de la aerolínea. Y ahí se habría acabado todo el asunto.

El sucedáneo de este organismo es la Oficina de Conflicto de Intereses que archivó la denuncia del PP contra Gómez. Pero se trata de un órgano sin autonomía real que ni siquiera cumple con los estándares europeos.

España necesita un código ético que regule la actividad de las esposas y familiares de los integrantes del Consejo de Ministros. Que establezca nítidamente el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración, y que fije los criterios de su abstención en la toma de decisiones.

En términos generales, España está ayuna de una normativa de buenas prácticas que vele por la rectitud de las actuaciones de los cargos públicos en la periferia de su cargo, y que limiten su ámbito de arbitrariedad.

Es decir, todo lo contrario al uso espurio y patrimonialista de las instituciones al que estamos acostumbrados, y que este Gobierno ha llevado al paroxismo.

Moncloa ha movilizado para interferir en el "periodo de reflexión" de su presidente al CIS (que publicará los resultados de su encuesta flash lanzada el viernes después del anuncio del presidente de hoy), a RTVE (con uno de sus rostros más visibles, Silvia Intxaurrondo, encabezando un manifiesto contra la "ultraderecha mediática y judicial", calcando el argumentario del presidente en su carta) y a la Fiscalía (que solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de la causa de Begoña Gómez, apenas 24 horas después de que el juez abriese diligencias previas).

El compromiso de los partidos con la regeneración democrática figura en todos los programa electorales por lo menos desde Aznar. Pero ningún Gobierno ha llevado a cabo reformas estructurales para la mejora de la calidad institucional. Tampoco el de Sánchez, y hoy paga en sus carnes las consecuencias de ello.