El Parlamento Europeo pide a los Gobiernos nacionales de la UE que defiendan el derecho fundamental a la propiedad privada frente al fenómeno de la ocupación ilegal y que garanticen medidas como los desalojos.
Ha sido en el informe sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea elaborado por la Eurocámara, que ha liderado el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz y se ha aprobado este lunes en la Comisión de Vivienda.
Los eurodiputados piden "garantizar mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de la propiedad, incluidas órdenes judiciales oportunas de desalojo". Así, el informe destaca que "la política de vivienda debe lograr un equilibrio justo entre la protección de los derechos de los propietarios y la protección de los inquilinos".
Además, "condena enérgicamente el fenómeno de la ocupación ilegal de propiedades privadas y públicas en toda Europa" y pide a los Estados miembros que "adopten medidas más estrictas para salvaguardar a los propietarios" y refuercen "la protección de las víctimas de tales actos, restaurando las posesiones legales y defendiendo el Estado de derecho".
Tras la aprobación, Giménez Larraz ha celebrado el amplio apoyo que ha tenido el informe y ha pedido unidad para hacer frente a la crisis de vivienda que asola Europa, donde millones de personas no se pueden permitir acceder a una vivienda digna.
Asimismo, ha pedido al Gobierno de España que tome en consideración el informe y proteja a los españoles de la ocupación ilegal, abandonando políticas que desprotegen a los propietarios al impedir el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, políticas que la UE rechaza.
Políticas coordinadas a nivel de la UE
El Parlamento Europeo "pide políticas coordinadas a nivel de la UE para abordar y frenar la ocupación de viviendas" y "una mejor cooperación, recopilación de datos e intercambio de información entre países".
También pide "un mejor uso de las herramientas de Europol cuando se sospeche que la delincuencia organizada está involucrada en la ocupación ilegal".
Además, el Parlamento Europeo reconoce que la ocupación ilegal de viviendas "puede generar inseguridad, deterioro urbano y tensiones sociales, y socavar la cohesión social".
También "considera que el hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas no solo es una cuestión de equidad y justicia, sino que también es fundamental para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquileres".
El informe aprobado este lunes determina que Europa solo superará la crisis de vivienda construyendo más viviendas, para lo que es necesario reducir la burocracia y fomentar la capacitación de jóvenes y trabajadores del sector, con el fin de contar con más mano de obra.
El informe presta especial atención a las personas más vulnerables y pide medidas que permitan a los jóvenes acceder a hipotecas, como la reducción de los costes de transacción y exenciones de los impuestos para los compradores de primera vivienda.