Los grandes tenedores de vivienda en Valencia son particulares. Según los últimos datos oficiales del Ayuntamiento, en la capital hay un total de 3.231 propietarios de cinco o más pisos.
De ellos, 2.330 son personas físicas y 901, jurídicas, es decir, empresas o fondos de inversión. Esto se traduce en que siete de cada diez grandes propietarios son ciudadanos.
Teniendo en cuenta que en 2026 se han registrado 327.122 propietarios de inmuebles, el porcentaje de personas con cinco o más es del 1 por ciento.
Asimismo, en los últimos tres años, el número de grandes tenedores ha crecido un 5%, lo que significan en términos absolutos 164 personas físicas y jurídicas más que concentran viviendas.
Sin embargo, el número de empresas propietarias ha crecido desde 2023 un 22%, pasando de las 735 a las 901 actuales en una ciudad con unas 400.000 viviendas, según el INE, y donde los precios no paran de crecer.
Precisamente, los problemas de acceso a la vivienda han desatado protestas y concentraciones por toda España. En Valencia, desde el pasado sábado, más de 600 personas, especialmente jóvenes, permanecen acampados en la plaza del Ayuntamiento.
Perfectamente organizados como si de un barrio más de la ciudad se tratara, su intención es continuar todo el tiempo que sea necesario hasta que "se produzcan cambios reales".
Además, la acampada no prevé desplazarse debido a los actos programados con motivo del 9 d'Octubre, que incluyen el disparo de una mascletà desde la propia plaza.
La oposición
El portavoz del PSPV en la ciudad, Borja Sanjuán criticó este martes que "las políticas" de la alcaldesa, María José Catalá, "favorecen la especulación inmobiliaria tras revertir el recargo del IBI a los grandes tenedores que aplicó el anterior gobierno".
Al respecto, denunció que "la vivienda está cada vez en menos manos" y eso supone "precios más altos" para "las familias trabajadoras y para los jóvenes que no pueden independizarse".
Desde el Ayuntamiento criticaron la "hipocresía del PSPV" y consideraron que "favorecer la especulación urbanística es no construir vivienda pública durante ocho años".