La justicia ha avalado una multa del Ayuntamiento de Valencia a una vivienda turística que operaba sin licencia.
Un juzgado ha desestimado íntegramente el recurso planteado por una empresa contra la sanción de 30.000 euros por explotar tres apartamentos turísticos sin licencia municipal.
Se trata de la segunda sentencia dictada hasta ahora a raíz de recursos planteados por parte de las empresas sancionadas por la explotación ilegal de viviendas de uso turístico (VUT).
Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, la sentencia confirma su criterio de considerar que la vivienda turística es un uso terciario-hotelero, no residencial, por lo que su explotación exige contar con el certificado municipal de compatibilidad urbanística (licencia) y no solo la inscripción en el registro autonómico de turismo.
Sin ese título habilitante municipal, la actividad como VUT es ilegal, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El fallo, según estas fuentes, descarta que la resolución municipal estuviera mal motivada, que la notificación fuera irregular, que la infracción hubiera prescrito o que el Ayuntamiento no tuviera competencia para sancionar.
En este último punto, la justicia respalda la delegación de la competencia sancionadora en esta materia que la Generalitat trasladó al Ayuntamiento de Valencia en marzo de 2025.
Tampoco acepta el tribunal que la sanción sea desproporcionada. En ese sentido, la sentencia destaca que el Ayuntamiento aplicó la cuantía mínima prevista por la ley para las infracciones graves (10.000 euros) a cada uno de los tres apartamentos explotados de forma irregular. A esa cantidad se suma la condena en costas a la empresa recurrente.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, aseguró que lo relevante de esta sentencia no es solo la confirmación de la multa impuesta, sino el respaldo judicial al criterio con el que actúa frente a la actividad turística ilegal.
"Cada sentencia firme confirma que nuestro criterio es el correcto y es un aviso a quien crea que puede operar al margen de las normas sin consecuencias. Vamos a seguir actuando con firmeza frente a quienes operan de forma irregular", añadió.
Desde marzo de 2025, cuando la Generalitat delegó en el Ayuntamiento la competencia sancionadora, el importe liquidado en multas supera los 1,5 millones de euros.