Valencia
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El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) ha encargado un informe de impacto psicológico a los servicios sociales municipales, en colaboración con la Universitat de València (UV), con el objetivo de acreditar ante la empresa Tragsa que los retrasos acumulados en la reconstrucción tienen un impacto directo y grave en la salud mental de la población tras la dana.

Según informa el consistorio, el estudio explica que el daño visible y prolongado en el espacio urbano, especialmente en el barrio Orba y el barrio de Alfalares, actúa como un recordatorio permanente del evento traumático, lo cual dispara los casos de ansiedad, estrés postraumático y sintomatología depresiva entre los vecinos.

"No es admisible que, más de un año después de la dana, parques, jardines y zonas de convivencia esenciales para la socialización continúen destrozados y vallados en ambos barrios debido a la lentitud de las obras de reconstrucción. Esta situación, según el informe, frena la recuperación emocional de la ciudadanía y cronifica el malestar psicológico", expresa el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Los datos del equipo de intervención psicológica municipal evidencian la magnitud del impacto. En los siete meses posteriores a la emergencia se realizaron 932 atenciones psicosociales, con una evolución claramente ascendente.

El punto más crítico se alcanzó en marzo, con 288 intervenciones, lo que supone un incremento superior al 600% respecto a las cifras habituales previas a la dana.

En diciembre de 2024, tras la catástrofe, se registraron 40 atenciones, mientras en enero de 2025 fueron 43 y en febrero 160.

El pico se produjo en marzo (288) y abril (248), para descender posteriormente a 106 en mayo y 47 en junio de 2025, último mes evaluado.

El informe establece una correlación directa entre este pico de crisis emocional y la ausencia de avances visibles en la rehabilitación de las infraestructuras básicas.

La persistencia del deterioro urbano, la lentitud de las obras y la falta de espacios públicos funcionales impiden que el ecosistema emocional de la comunidad se estabilice.

El análisis técnico subraya que la destrucción total de parques, jardines y zonas de esparcimiento en el barrio Orba constituye un factor de riesgo psicosocial acumulativo.

Para los especialistas, el mal estado de las calles funciona como un disparador constante del trauma, que cronifica síntomas de hipervigilancia, ansiedad elevada, alteraciones del sueño y estrés sostenido.

El informe señala que el barrio Orba ha requerido una proporción especialmente elevada de intervenciones psicológicas debido a la combinación de varios factores: ausencia total de zonas verdes, alta densidad de población, concentración de colectivos vulnerables y pérdida de espacios comunitarios.

De forma generalizada, el estrés acumulado provoca conflictos en la convivencia familiar, pérdida de funcionalidad ocupacional y un aumento de los síntomas de estrés postraumático, especialmente intrusión, hipervigilancia, evitación y una sensación persistente de inseguridad.

El informe advierte además que la alta concentración de población vulnerable en el barrio Orba (personas mayores, personas con movilidad reducida, familias migrantes y menores) genera una brecha psicosocial en la recuperación emocional entre distintas zonas del municipio.

El documento concluye que las dificultades emocionales no disminuirán mientras el entorno urbano continúe dañado. La ausencia de espacios públicos funcionales priva a la población de sus mecanismos naturales de regulación emocional y convivencia.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alfafar solicita acelerar de forma urgente la reparación de parques y jardines, especialmente en el barrio Orba, como una medida prioritaria de salud pública, y traslada este informe a Tragsa como evidencia del impacto real de los retrasos en la reconstrucción.

Entre las recomendaciones finales se incluye destinar recursos extraordinarios para restaurar plazas y rutas peatonales, integrar a psicólogos y trabajadores sociales en las mesas técnicas de reconstrucción, mantener y ampliar los programas de intervención psicológica comunitaria mientras duren las obras y realizar evaluaciones periódicas del bienestar emocional para adaptar las actuaciones a la evolución de la población.