Resulta curioso comprobar cómo el reloj político nunca marca la misma hora para todos. Hay urgencias que el sanchismo valenciano lleva años ignorando y otras que, de repente, parecen inaplazables. Durante años no hubo prisa por reformar un sistema de financiación que castiga a la Comunitat Valenciana, ni por dotar a España de unos Presupuestos Generales del Estado que aportaran estabilidad y certidumbre, ni por atender reivindicaciones históricas de nuestra tierra. Sin embargo, ahora sí hay apremios.

Hay dos prisas que estos días resultan especialmente llamativas. La primera, colocar en escena un nuevo modelo de financiación autonómica dictado por ERC y perjudicial para el conjunto de los españoles. La segunda, hacer ver que Diana Morant es ya la candidata indiscutible del PSPV, cuando en realidad ese imperativo responde más a los problemas internos del sanchismo que a las necesidades de los valencianos.

De hecho, el cierre de filas se ha convertido en una necesidad vital ante el escandaloso goteo de asuntos de corrupción que cercan al Gobierno. Diana Morant sabe perfectamente que, si Pedro Sánchez cae, ella va detrás. Y ese escenario es cada vez menos descartable.

Y en esas anda la candidata a tiempo parcial: entregada a las necesidades de la Moncloa y abrazada al descaro y hasta a la desfachatez. Ha pasado de defender a José Luis Rodríguez Zapatero, a Begoña Gómez y a su número dos en Gandía, Vicent Mascarell, a tener que defenderse ahora a sí misma tras la condena del Tribunal Supremo al Ayuntamiento de Gandía por la gestión municipal durante su etapa como alcaldesa o tras la sentencia que también condena a su sucesor y actual alcalde por opacidad.

Y la ministra ha vuelto a reaccionar como acostumbra: sin autocrítica y con una frase que merece ser recordada: «Pagaremos los 228.000 euros con satisfacción porque para eso están los ayuntamientos». Una declaración que retrata una manera de entender la gestión pública, como si el dinero con el que se pagan las consecuencias de una mala gestión no fuera el de todos los ciudadanos.

Un listón solo superable por ella misma. Quien lleva meses dando lecciones de moral, dedicándose a señalar permanentemente a los demás, incumple flagrantemente su propia palabra. Anunció que apoyaría los presupuestos del Consell tras la Dana y prometió presentar una alternativa.

Ni lo uno ni lo otro. Bajo ese supuesto presupuesto “alternativo” -que se sustenta en unos ingresos de los que hoy no dispone la Generalitat y que, además, parte del proyecto presupuestario presentado por el Consell- pretende volver a engañar a los valencianos transmitiéndoles que es posible gastar un dinero que no existe.

No es nada nuevo. Es exactamente el mismo método que ya practicaban Arcadi España y Vicent Soler: cuadrar las cuentas con ingresos inventados y construir una ficción contable para hacer creer a los ciudadanos que todo es posible.

Pero tras ello, aún hay algo más grave: levantar ante la opinión pública un ultimátum; si no aceptamos el modelo de financiación diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez al dictado del independentismo catalán, nuestra Comunitat saldrá perdiendo. La estratagema de presentar como inevitable un acuerdo que solo responde a las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez.

Quienes han sido incapaces de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado durante tres años son ahora los mismos que pretenden dar lecciones de financiación y de gestión. Es una auténtica lástima no tener enfrente una oposición seria, convincente y leal. Es lo que tienen las prisas por aferrarse al cargo y por no perder la silla: la mediocridad política no deja de crecer.