El tiempo pasa muy deprisa y, si no fuera porque leía esta semana a una buena jurista y amiga -no sé si por ese orden- haciendo balance de lo ocurrido una década después de este proceso, no habría caído en este aniversario. Pero es cierto que ya han pasado 10 años de un asunto que nos hizo levantar las alfombras que hay debajo de las togas y a sacudir lo que hay dentro de muchos cerebros, el mío entre ellos.

Quienes vivimos aquello de uno u otro modo lo recordaremos perfectamente. Un grupo de jóvenes, en las fiestas de San Fermín en Pamplona, acorralaban y violaban a una mujer en un acto salvaje que hizo correr ríos de tinta y replantearnos muchas cosas. Y las que hemos de continuar replanteando.

Sin ir más lejos, la primera de ellas es que, si la víctima no hubiera tenido el coraje de denunciar estos hechos, habrían quedado impunes. Igual que, probablemente, habían quedado hasta entonces muchos otros hechos parecidos.

Y, lo que es más grave, que seguirán quedando porque en nuestro Derecho los delitos sexuales siguen estando sujetos al requisito de la denuncia previa de la víctima, salvo excepciones en que esta denuncia -siempre imprescindible- la pueda interponer el Ministerio Fiscal. Una asignatura pendiente, a mi juicio, que en algún momento habrá que plantear.

Pero, al margen de esto, el proceso seguido por estos hechos motivó muchos cambios que no tienen marcha atrás. Así, en un solo caso se vio una evolución jurisprudencial que tal vez sin él hubiera costado años.

La primera sentencia condenaba por un delito de abuso sexual -no de violación como pedían las acusaciones, tanto pública como particular- y, además, contaba con un voto particular que, con un lenguaje absolutamente falto de respeto a la víctima, abogaba por la absolución.

El Tribunal Superior de Justicia, tras el oportuno recurso, confirmaba la sentencia, aunque en este caso había un voto particular que defendía que se trataba de una violación y no de un mero abuso.

Finalmente, el Tribunal Supremo dio una vuelta de tuerca más considerando que no solo se trataba de una violación, sino que, si se hubiera acusado de tantas como autores habían participado, se habría condenado por varias violaciones. Una doctrina que ha dado lugar a resoluciones en ese sentido en varios casos que han existido -por desgracia- con posterioridad.

De otro lado, y mientras los tribunales hacían su trabajo, la ciudadanía saltó a las calles en un proceso que tampoco tiene marcha atrás. La gente protestaba por el contenido de una resolución judicial que les parecía injusta, en una muestra de normalidad democrática que hasta entonces nunca habíamos presenciado.

Porque, del mismo modo que es normal una manifestación en contra de las actuaciones del poder legislativo o ejecutivo, debe ser normal cuando el objeto de la protesta es una actuación del poder judicial, el tercer pilar de los poderes del Estado. Siempre, por supuesto, que se haga dentro de los límites legales y de respeto a las instituciones.

Sea como fuere, el cambio era imparable y acabó desembocando en una ley, la popularmente conocida como del “solo sí es sí” que suponía muchas más cosas de las que se han querido ver. En primer término, un fundamental cambio de paradigma: por primera vez se partía de la base de que el consentimiento no existe si no consta expresamente y ello hace que no se haya de probar que hubo oposición de la víctima.

Un avance de mucho más calado del que se quiso ver, por culpa de unas deficiencias técnicas que dieron lugar a interpretaciones no deseadas a favor de algunos reos y que fueron lo único que trascendió de la ley y que hoy, superado el periodo de interregno entre una y otra ley, ya no suscitan problema alguno porque, para los delitos cometidos después de la entrada en vigor de la ley, siempre la pena es más grave de la que hubiera correspondido con la ley anterior.

Es una verdadera lástima que los árboles no nos dejaran ver el bosque -o alguien intencionadamente no lo permitiera- y no se hayan sabido valorar todos los avances que en materia de protección de la víctima ha supuesto esta ley, más allá de sus disposiciones penales. Unos avances que, probablemente, sin lo ocurrido en torno al caso de La Manada, no habrían tenido lugar.

Pero ahora lo que corresponde es seguir avanzando y, en ningún caso, permitirnos dar un paso atrás en esta materia. Porque se lo debemos a esa mujer valiente que denunció y se mantuvo firme pese a todo y porque cuando de igualdad se trata, todo lo que no sea avanzar es retroceder. Nos lo debemos y, sobre todo, se lo debemos a ella.