En política hay dos maneras de afrontar la responsabilidad de gobierno. Una pasa por presentar proyectos, tomar decisiones, asumir costes y rendir cuentas ante los ciudadanos. La segunda consiste en aguantar. Sobrevivir una semana más. Posponer los problemas. Ganar tiempo. Y confiar en que la siguiente crisis tape la anterior. La primera se llama gobernar. La segunda, resistir. Y peor todavía, todo ello en medio de una sucesión de escándalos e investigaciones por corrupción que no deja de crecer.

Frente a la política de la supervivencia, esta semana la Comunitat Valenciana ha sido noticia por asistir a un hecho que debería ser normal en cualquier democracia seria, aunque lamentablemente ya no lo sea tanto en la España de hoy: la presentación de unos presupuestos. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha aprobado unas cuentas para 2026 que movilizan 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que el año anterior.

De ellos, casi el 80% se destinan a gasto social. La sanidad pública contará con 9.453 millones de euros; la educación alcanzará los 7.749 millones, y los servicios sociales dispondrán de 2.732 millones para seguir reforzando la atención a las personas más vulnerables.

Aún con todo, que la Generalitat presente unos presupuestos debería ser algo normal. Lo preocupante es que, en la España actual, cumplir con esa obligación empiece a parecer una excepción. Porque mientras las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas y millones de familias planifican su futuro, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin ser capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Tres años después, España continúa funcionando con cuentas prorrogadas, anuncios aplazados y promesas que siempre parecen quedar para más adelante. La última, sin ir más lejos, esta misma semana.

Es difícil encontrar un mejor resumen de la situación política nacional. Cada cierto tiempo se anuncia la inminente llegada de unos presupuestos. Cada cierto tiempo se asegura que ahora sí existen las condiciones para aprobarlos. Y cada cierto tiempo la realidad acaba imponiéndose: no hay mayoría suficiente, no hay estabilidad parlamentaria y no hay capacidad para sacar adelante la principal ley que debe presentar cualquier gobierno.

Y peor todavía, todo ello en medio de una vorágine de corrupción como no conocíamos. Cada semana trae una nueva polémica, una nueva revelación y un nuevo intento de enmascararlo todo. Cuando una administración dedica más tiempo a contener incendios que a impulsar proyectos, la gestión desaparece y la supervivencia se convierte en la única prioridad.

Lo paradójico es que quienes durante años presentaron la aprobación de los presupuestos como una obligación democrática hoy parecen haber asumido con absoluta normalidad que no existan. Como si gobernar un país sin nuevas cuentas durante años fuera una situación aceptable. Como si la excepcionalidad se hubiera convertido en costumbre. Quizá esa sea una de las señas de identidad más reconocibles del sanchismo: convertir lo extraordinario en cotidiano, la provisionalidad en sistema y la supervivencia política en un fin en sí mismo.

Mientras tanto, la Comunitat Valenciana sigue soportando la peor financiación autonómica de España. El coste de esa injusticia ya supone que solo en 2026 la Generalitat deberá afrontar 7.216 millones de euros entre vencimientos e intereses de deuda. El propio Consell estima que cerca del 80% de esa deuda tiene su origen en la infrafinanciación que padecemos desde hace años. Y, aun así, resulta especialmente meritorio que estas cuentas hayan permitido reducir el déficit en más de 1.400 millones de euros respecto a los niveles heredados del último gobierno del Botànic.

El contraste es difícil de ignorar. Aquí se presentan presupuestos, se negocian, se registran en Les Corts y se someten a votación. Aquí se fijan prioridades y se explican decisiones. En Madrid seguimos esperando unas cuentas que nunca llegan. Mientras unos gobiernan pensando en los ciudadanos, otros parecen hacerlo pensando en los socios que les mantienen en el poder. Mientras unos construyen estabilidad, otros anteponen su supervivencia política al interés general.

Quizá por eso el verdadero debate ya no sea entre izquierda y derecha. Ni siquiera entre unos presupuestos y otros. El debate es mucho más sencillo: entre quienes entienden que gobernar consiste en presentar un proyecto, defenderlo y someterlo al juicio de los ciudadanos, y quienes han convertido la resistencia en una forma de gobierno. Entre gobernar y lo que hoy representa el sanchismo. Porque resistir puede ser una estrategia política. Lo que nunca debería convertirse es en una forma de gobierno. Y mucho menos a cualquier precio.

Nando Pastor es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes.