Hubo un tiempo no tan lejano en el que el objeto de esta columna, la salud financiera de la administración pública, preocupaba de verdad a los políticos. En el que una deuda disparada era sinónimo de mala gestión, una vergüenza para el gobernante incapaz de contenerla.

Ni que decir tiene que esta no es hoy una preocupación real para nuestros dirigentes, que abrazan subidas de sueldos que no nos podemos permitir. El ejemplo reciente más drástico es el incremento salarial de un 11% en cuatro años impulsado por Pedro Sánchez para 3,5 millones de funcionarios. El último, a menor escala, el propuesto por Pérez Llorca para los profesores de la Comunitat Valenciana.

El nuevo president ha reaccionado a las dos semanas de contundentes manifestaciones de los maestros y profesores con una propuesta de subida de sueldo de 200 euros brutos mensuales para los 67.858 docentes de la educación pública no universitaria de la autonomía.

Los sindicatos, en bloque, la rechazan por insuficiente. Ellos quieren 500, además de ver cumplidas otras reivindicaciones. Algunas flagrantes, como la reparación de centros donde docentes y alumnos sufren frío o calor extremo. Aunque su verdadero caballo de batalla es el salarial.

El mandatario está decidido a hacer efectiva su oferta de 200 euros brutos más al mes. De hecho, ya trabaja con este abultado gasto sobrevenido, de alrededor de 200 millones de euros, para la confección de los nuevos presupuestos valencianos.

Al menos 200 millones más de gasto para una autonomía infrafinanciada, que cerró 2025 con 2.411 millones de euros de déficit (el 1,5% del PIB), y cuya deuda ya roza los 64.000 millones y representa más del 40% de su Producto Interior Bruto -el mayor endeudamiento relativo de toda España-.

Qué gran comodín es, por cierto, la infrafinanciación que sufrimos. Parece que no importe contener el déficit porque, total, la infrafinanciación lo va a descuadrar igual.

Mentiría si dijera que me ha sorprendido que Pérez Llorca vaya a elevar el gasto público en este contexto financiero. Pronto vimos, y así lo contamos en EL ESPAÑOL, que para nada iba a hacer suya la supuesta austeridad de Carlos Mazón.

Digo supuesta porque el expresidente pregonó en campaña que venía a "eliminar grasa" y, sin solución de continuidad, batió año tras año el récord de aprobar el mayor gasto presupuestario de la Comunitat Valenciana.

Si bien es cierto que con el PP cabía al menos la leve esperanza de que cumpliera su programa electoral, porque en campaña Mazón prometió justo lo contrario, estamos ya más que acostumbrados a que se entregue después al mismo juego que su adversario socialista.

La subida de Sánchez

Los verdaderos expertos en contentar a los funcionarios con el dinero de todos, más cuando se acerca la hora de votar, están en el PSOE.

Por si alguno lo ha olvidado con tanta actualidad política, el Gobierno acordó hace apenas cinco meses con UGT y CSIF la mencionada subida salarial del 11% hasta 2028 para los 3,5 millones de empleados públicos de España. Se estima que el coste de la misma para el conjunto de los españoles alcance los 22.000 millones de euros cuando llegue a completarse.

El desglose anual de esta notable subida deja su propósito al descubierto. Primero, un 2,5% en 2025, que fue retroactivo para que se notara bien el impacto inicial de la medida. A continuación, un 1,5% más en el presente 2026. En ambos casos se aprobó por Real Decreto, sin el respaldo del Congreso.

Pero, atención, en 2027, año electoral, la subida será del 4,5%. Ha dado la casualidad de que el mayor aumento para los funcionarios se entregará justo en el momento de votar. Para 2028 está previsto el 2% restante, de modo que 6,5 puntos de la subida del 11% prometida por Sánchez la tendrá que asumir el presidente de la próxima legislatura.

La nación que aprueba esta subida salarial cerró 2025 con un déficit de 40.330 millones de euros (el 2,2% del PIB) y con una deuda pública de casi 1.700.000.000.000 euros. El número es correcto, no se me han colado ceros. Son 1.698 miles de millones de euros los que debe el conjunto de la administración pública española, el 100,7% del Producto Interior Bruto del país.

En este contexto de derroche pese a la ruina, en el que a nadie parece preocuparle que podamos acabar un día como Argentina, con el pueblo encomendándose a un populista salvador con motosierra, solo un iluso podía esperar que Pérez Llorca fuera el primer político de España en cambiar el paso.

Los profesores han hecho su huelga indefinida en el momento preciso, justo antes de las primeras elecciones del nuevo líder del PP valenciano. Era imposible resistirse.

Subirle el sueldo a los profesores convertirá a Pérez Llorca en el primer president que acuerda un incremento con los sindicatos en 19 años. No ocurre desde 2007, antes de la crisis inmobiliaria, cuando también la pactó el PP. No obstante, como el resto de funcionarios, los profesores valencianos han visto actualizados sus sueldos de forma puntual cada ejercicio. No es cierto que no se les suba nada desde entonces.

Curiosamente, la misma reclamación que ahora ha llevado a las calles a los sindicatos fue desatendida cinco veces por la Generalitat durante los ocho años de la presidencia de Ximo Puig, sin que entonces los desaires del gobierno autonómico de izquierdas desembocaran en ninguna huelga indefinida.

Los perjuicios

Derrotados de nuevo quienes anteponemos el rigor financiero al electoralismo, levantaremos al menos acta de los perjuicios de esta estrategia.

Nuestros gobernantes suben sueldos sin exigir nada a cambio. ¿Les han escuchado decir que los incrementos estarán sujetos a índices de productividad de los profesionales que los reciban? Algo tan básico en la empresa privada es impensable en la administración pública, donde se elevan las retribuciones a granel, tanto a los buenos como a los malos profesionales.

Sirva como ejemplo el revuelo que generaron dos informaciones publicadas esta semana por EL ESPAÑOL, una sobre el incremento de bajas médicas de profesores justo antes de la huelga -para no dejar de cobrar durante los paros-; y otra sobre cómo se reducen las bajas médicas en el mes de agosto -lo que permite a los docentes que logran el alta cobrar el 100% de su sueldo un mes en el que tienen vacaciones-.

Si resulta políticamente incorrecto hasta denunciar a la minoría de aprovechados de un gremio, a los que los propios sindicatos deberían señalar para no desprestigiar a los buenos profesionales, imagínense cuán lejos estamos de ligar los sueldos públicos a la productividad.

En segundo lugar, cabe subrayar que el grueso de las subidas salariales impulsadas por el Gobierno y la Generalitat son para profesiones con más demanda que oferta. ¿Faltan acaso aspirantes a funcionarios o profesores para que tengamos que retenerlos o atraerlos con subidas salariales?

Con excepciones como determinados profesionales sanitarios, donde la fuga de talento sí supone un quebranto para la administración que ha invertido mucho en formarlos, los planteamientos consisten, simplemente, en pagar más al que ya está en su puesto de trabajo, sin pretender siquiera una mejora productiva por su parte.

En tercer lugar, los beneficiarios son profesionales públicos que no están mal pagados. Así ocurre con la docencia pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, por mucho que se pregone lo contrario.

De hecho, esta profesión es refugio de muchas otras. Con las decenas de periodistas valencianos que han encontrado en las aulas un empleo mejor retribuido, con mejor horario y mejores vacaciones, podríamos montar una de las mayores redacciones de la autonomía.

Las cifras son esclarecedoras. Un docente joven de primaria tiene un salario bruto anual en la Comunitat de 34.756 euros que pasará a 37.156 si se materializa la oferta de Llorca. En secundaria el sueldo es de 38.950 euros y pasaría a 41.350.

Comparen con otras profesiones y juzguen. El salario medio de España es de 27.000 euros brutos anuales. Sin ir más lejos, los docentes de la concertada realizan la misma función por varios miles de euros menos al año, una distancia que será aún mayor si se consuma esta propuesta.

El último de los perjuicios es que cualquier incremento salarial genera un efecto llamada. La cola de profesionales a las puertas del Palau de la Generalitat puede ser interminable en lo que resta de legislatura. Tras los profesores y los médicos, ya enseñan la patita los funcionarios de Justicia, tal y como contamos este sábado en EL ESPAÑOL. El éxito de una huelga llama a una nueva huelga.

Por todo lo expuesto, la respuesta debería ser 'no'. Un 'no puedo' bien explicado. Es lo que haría cualquier empresa privada en la situación financiera de la Generalitat Valenciana. No al menos hasta que el Gobierno de España acabe de una vez con la infrafinanciación valenciana aprobando en el Congreso un nuevo sistema de reparto de los fondos. Hace bien Llorca en pedir ayuda a los profesores en esta exigencia al Estado.

Yo siento una gran admiración por los docentes de la educación pública. Guardo un recuerdo imborrable de los que tuve en el IES Serra d'Irta de Alcalà de Xivert. Ojalá pudiéramos pagarles el doble. A ellos y a muchos otros profesionales de la administración valenciana.

Pero no nos lo podemos permitir. El análisis frío, tanto la situación económica de las administraciones públicas como la situación comparada de estos profesionales, reduce esta decisión al mero interés político de quien eleva los sueldos.