La candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, ha declarado este miércoles como testigo-perjudicada en el juicio sobre el bulo del Bar España. Tanto a ella como a varios cargos de la Conselleria de Igualdad que dirigía los incluyeron como encubridores y facilitadores de una red de pederastia con sede en el bar de la localidad de Benicarló (Castellón).

La que fuera vicepresidenta de la Generalitat ha expuesto los perjuicios que sufrió y que esas acusaciones "sirvieron de base" para la posterior "persecución" en la causa sobre presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Unos hechos por los que se sentará en el banquillo después de que lo ordenara la Audiencia de Valencia en un juicio que todavía no tiene fecha.

"Lo envolvieron todo de pederastia y era el marco perfecto para anularte. Minaron mi credibilidad política, profesional y personal y me causaron daños morales", ha indicado.

Oltra ha explicado que en 2016 recibió la primera noticia sobre la red de pederastia. Reinaldo Colás, el peluquero que inició el bulo, y Abogados contra la Corrupción, entidad que lo amparó, pidieron una reunión con ella.

"Yo tenía por bandera recibir a todo el mundo, así que mi jefe de Gabinete (Miquel Real) se reunió con ellos", ha relatado. "Le entregaron un dosier de 200 páginas y mi jefe de Gabinete vino a contarme que decían cosas muy graves y a preguntar cómo lo abordábamos", ha explicado.

Ella, ha proseguido, no le vio verosimilitud y dio la orden de enviarlo a la Fiscalía porque excedía de sus competencias. Lo hizo un funcionario de la Conselleria. A partir de ahí ya no hizo nada más pues creían que era la vía correcta de actuar, ha señalado.

Precisamente esa reunión ha sido también rememorada por Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón y jueza víctima del bulo desde hace 30 años. "En 2016 me asusté mucho porque trascendió que (los propagadores de las acusaciones falsas) iban a reunirse con Mónica Oltra. No lo podía entender y avisé a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva. Vi que se acabaron reuniendo con el jefe de Gabinete y a la salida se grabaron muy contentos y abrazándose diciendo que por fin se iba a investigar todo", ha remarcado.

Lo que ocurrió después de que todo esto sucediera, ha señalado Oltra, es que comenzó una "presión brutal" contra ella porque no estaban haciendo lo que ellos (los difusores del bulo) pretendían. Les pidieron indemnizar a las víctimas y la Conselleria dijo que no podía ser.

"Sufrimos un escarnio público. Se nos acusó de ser encubridores de la red de pederastia. Empezaron a atribuirnos la omisión del deber de perseguir delitos y luego pasamos a ser facilitadores y encubridores de esta trama por la gestión del centro de Benicarló. Nos metieron a dos directoras generales, a una directora territorial y a dos conselleras", ha detallado.

Sobre las consecuencias personales y profesionales, ha indicado que "se lleva muy mal". "Hay una carga reputacional, profesional, de la duda entre la gente de si hemos cometido lo que dicen. Genera ansiedad, un perjuicio en credibilidad", ha apuntado.

Por todo ello reclama indemnización y derecho al olvido como la mayoría de testigos.

Camps: "Usaron mi nombre"

También lo hace Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat fue igualmente uno de los perjudicados por la divulgación de estos hechos y ha lamentado los "gravísimos delitos e imputaciones dañinas" contra él y otras personas a los que acusaron de formar parte de la trama de violaciones y asesinatos a niños.

"Fue una información absurda y brutal. Utilizaron nuestro nombre (el de políticos) para dar mayor eco a las acusaciones", ha afirmado.

Camps ha recordado que ha habido documentales, informativos, artículos en prensa y publicaciones en redes sociales. "El propio calumniador de origen de esta pandemia de horror y persecución sabía que era absurdo, pero se buscó el mayor daño social posible", ha afirmado.

"Ha dañado nuestra imagen y sosiego. Se ha hecho con saña. Este tipo de cosas quiebran la confianza de las personas y fue una barbarie de calumnia", ha incidido.

Una razón sobre su retirada

Otro de los políticos que ha declarado este miércoles ha sido Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Su testifical ha estado sobre todo marcada por la falta de memoria de lo sucedido. "Soy un jubilado de 81 años. Mis hijas me han tenido que contar por qué estoy aquí", ha asegurado.

Lo que sí ha especificado es que se hicieron declaraciones "absolutamente disparatadas y falsas" contra él y que presentó una querella inicialmente, pero no continuó adelante con el procedimiento porque ya estaba la Fiscalía.

Preguntado por si le afectó políticamente, ha afirmado que fue "una de las razones de peso" que le retiraron de la política: "Esto me perjudicó a mí y a cualquier persona decente".