El juicio sobre la difusión de uno de los grandes bulos de la historia del país desde la década de los 90 -el de la supuesta organización de pederastia con base en el "Bar España"- dejó este martes una imagen de absoluto dislate.
En el banquillo, pero online, se sentaba Javier Fernández Torres, uno de los seis acusados de haber atribuido a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones, con informaciones falsas y al menos desde 1998, su participación en la citada organización de pederastia con base en el bar de la localidad de Benicarló (Castellón).
Llegó el turno de su declaración y ejerció su propia defensa como abogado. La Fiscalía le interrogó y quiso exponer un legendario listado sobre las personas a las que el letrado había enviado la documentación relacionada con estos hechos, que consistían (nada menos) en la existencia de 13 supuestos asesinatos de pederastia y más de 80 víctimas de abuso sexual en un centro de menores.
Mariano Rajoy (expresidente del Gobierno), Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Albert Rivera (ex líder de Ciudadanos), Pablo Iglesias (ex vicepresidente del Gobierno), Íñigo Errejón (ex portavoz de Podemos en el Congreso), Joan Baldoví (portavoz de Compromís en Les Corts), Aitor Esteban (presidente del PNV), Rafael Hernando (ex portavoz del PP en el Congreso), Gabriel Rufián (portavoz de ERC en la Cámara Baja)...
"¿Por qué mandó los documentos a todas estas personas?", cuestionó el fiscal. "Porque tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente", respondió tranquilamente Fernández.
La lista de difusión no se quedaba ahí, pues también abarcaba todo tipo de órganos: la Generalitat, Les Corts Valencianes, el juzgado de Instrucción 5 de Castellón, la Agencia Antifraude, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado... "¡Y le falta uno! El Consejo de Seguridad", supo añadir el acusado.
A todos ellos, reconoció, les envió también un escrito para ponerles en conocimiento de que le querían detener por investigar esos hechos. La Fiscalía le recordó que la advertencia de arresto se debía a que tuvo una requisitoria de búsqueda y captura porque no se presentaba ante el juzgado.
La propagación del bulo
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, señala que Fernández fue contratado por el peluquero Reinaldo Colás, creador original del bulo a modo de venganza contra la nueva pareja de su ex mujer. A éste le atribuyó en primer lugar abusos a sus dos hijas, y de ahí derivó a múltiples abusos por parte de autoridades y funcionarios públicos.
El letrado que dio pábulo a tales acciones, indica la Fiscalía, creó una entidad llamada 'Abogados contra la Corrupción' con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones en esa difusión del bulo.
Reinaldo Colás falleció. De manera que en su declaración, Javier Fernández aprovechó para hacerle responsable de la propagación del asunto. Fue él, dijo, quien le hizo el encargo de personarse en el juzgado después de entregarle un documento de más de 200 páginas y un informe pericial sobre sus hijas.
"Ante la barbaridad de esos escritos y de las denuncias efectuadas por terceros tomé la decisión profesional de investigar los hechos y de que se determinase con precisión si esas denuncias eran verídicas o falsas. Yo no pude hacer por mí mismo esta investigación y me dirigí a las administraciones que tenían los medios y las competencias", señaló.
Todo lo hizo, explicó, con la autorización de Reinaldo Colás, incluyendo el envío masivo a políticos y organismos. No así a medios de comunicación o páginas web, pues dijo que de eso se encargaría el fallecido y que él lo desconocía. De hecho, comentó que alguno de los artículos publicados en portales se hizo sin su "consentimiento" pese a que le mencionaran como fuente de la información.
Desconocimiento de condenas
En todo caso, admitió que de toda la documentación que le facilitó su supuesto cliente concluyó que las denuncias -donde habían informes periciales, médicos y psicológicos- deberían ser consideradas pruebas de asesinato y abusos a menores. "Pero no hubo investigación", insistió.
"¿Por qué pidió medidas cautelares sin que se investigara antes nada? ¿Lo hizo porque no tenía provisión de fondos y trató de obtenerlos por ahí?", le preguntó la Fiscalía. "Mi problema no era de provisiones de fondos, sino de inacción. Sobre todo de la vicepresidencia de la Generalitat -en ese momento dirigida por Mónica Oltra-", argumentó.
"¿Por qué pidió que la Conselleria de Igualdad afrontara la indemnización a las víctimas por haber ocurrido los abusos en organismos tutelados por el Gobierno y que se adhirieran a la denuncia para detención y la solicitud de fianza?", cuestionó el fiscal. "Dije que previa investigación", respondió el acusado.
El Ministerio Público le interrogó sobre las condenas por denuncia falsa a los creadores originales del bulo, ambos muertos. "No tuve conocimiento de eso. Mi atención estaba puesta en el documento en el que se relataban los hechos y en la denuncia", justificó de manera disparatada.