La Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto ha abierto diligencias de investigación por las presuntas irregularidades en el ascenso como funcionario en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el inicio formal de la investigación -una fase muy preliminar de las indagaciones- se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado una denuncia por estos hechos. Lo hizo el pasado 5 de octubre.
En ella apunta a los posibles delitos de prevaricación o de nombramiento ilegal y se dirige contra tres personas: el alcalde de Canet, Pere Antoni; el secretario municipal y el subdelegado del Gobierno.
La Fiscalía destaca además dos cuestiones que considera relevantes. Una, que el primer edil y José Rodríguez pertenecen al mismo partido (el PSPV-PSOE); y dos, que el ascenso fue el que permitió al funcionario acceder posteriormente al cargo de subdelegado del Gobierno.
Se da la circunstancia, precisamente, de que Rodríguez es uno de los perfiles que suena para relevar a Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en los próximos meses. La también candidata a la alcaldía de Valencia va como número 1 del PSPV al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Cuando tome posesión como diputada, el partido deberá decidir un sustituto y en las quinielas ha aparecido estos días su número dos, entre otros.
De categoría C1 y A1
El cuestionado proceso tuvo lugar en marzo de 2023. José Rodríguez pudo presentarse a él para convertirse en funcionario del Ayuntamiento con categoría del subgrupo A1 -la máxima- procedente, como administrativo, de la categoría C1.
Los hechos fueron denunciados en la Agencia Antifraude, que consideró desde el principio que eran irregulares. Pese a las advertencias de la entidad en mitad del proceso, el Ayuntamiento de Canet eludió revisarlo.
El consistorio explicó que los funcionarios del subgrupo C1 pueden promocionar al Grupo A si tienen la titulación exigida y sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B.
Pero la agencia cree que eso no está permitido en la ley y, después de todo ello, recibió una nueva denuncia, ya en 2025, por la inacción del Ayuntamiento. Así que reabrió la investigación.
Ésta se tuvo que frenar el pasado septiembre porque un particular denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias de investigación, como publicó este periódico.
El Ministerio Público ha estudiado diversa documentación. Entre otra, la remitida por la Agencia Antifraude: su informe y todas las indagaciones de los últimos años, incluyendo el expediente íntegro sobre el proceso de promoción interna.
Ante lo que ve como indicios de delito, la Fiscalía ha decidido presentar denuncia ante el juzgado, que ahora decidirá si ordena diligencias como peticiones de documentación o declaraciones.
La vía contenciosa no anuló las bases
Aunque el asunto salta ahora al ámbito penal, un tribunal de lo contencioso estimó el pasado junio la pretensión de una recurrente -aspirante a la plaza- de anular y dejar sin efecto la inadmisión, por parte del Ayuntamiento, de la solicitud de revisión de actos nulos. Es decir, ordenó al consistorio que tramitara este procedimiento antes de emitir una resolución definitiva estimatoria o desestimatoria.
La sentencia, sin embargo, eludió entrar en el fondo del asunto al considerarlo muy complejo jurídicamente y, por tanto, no anuló las bases de la convocatoria, solo el mencionado procedimiento administrativo.