La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre el ascenso como funcionario en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado. Se trata del número dos de Pilar Bernabé.
Así lo confirman fuentes judiciales, que señalan que se han abierto diligencias de investigación para analizar los hechos. Las indagaciones se encuentran todavía en una fase muy preliminar. Como es habitual en estos casos, será más adelante cuando la Fiscalía decida si presenta o no una denuncia en el juzgado en función de si considera que pueden existir indicios de delito.
El pasado marzo trascendió que la Fiscalía Provincial había iniciado una investigación sobre la promoción interna como funcionario del subdelegado del Gobierno tras la denuncia de un particular sobre supuestas irregularidades.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró pocos días después que la citada denuncia se hallaba pendiente de estudio para su eventual admisión e incoación como diligencias de investigación por parte de Anticorrupción. Este es el paso que se ha dado ahora.
La Fiscalía estudia diversa documentación. Entre otra, la remitida por la Agencia Antifraude, que también llevaba una investigación sobre el mismo asunto y la ha paralizado debido a que Anticorrupción ha iniciado la suya.
La entidad ha remitido su informe y todas las indagaciones de los últimos años, incluyendo el expediente íntegro sobre el proceso de promoción interna. Éste tuvo lugar en marzo de 2023 y Antifraude consideró desde el principio que fue irregular.
José Rodríguez pudo presentarse a él para convertirse en funcionario del Ayuntamiento con categoría del subgrupo A1 -la máxima- procedente de la categoría C1. Una promoción que fue la que le permitió ocupar posteriormente el cargo de subdelegado del Gobierno.
Pese a las advertencias de Antifraude en mitad del proceso, el Ayuntamiento de Canet eludió revisarlo. El consistorio explicó que los funcionarios del subgrupo C1 pueden promocionar al Grupo A si tienen la titulación exigida y sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B.
Pero la agencia cree que eso no está permitido en la ley y, después de todo ello, recibió una nueva denuncia, ya en 2025, por la inacción del Ayuntamiento. Así que reabrió la investigación por unos hechos que ahora han terminado en la Fiscalía.