La historia de Chelo Alberola es la de una madre que ya no puede más ante las crecientes crisis violentas de su hijo, que sufre un trastorno esquizoafectivo. "Le quiero", asegura la mujer a EL ESPAÑOL, pero es consciente de que no puede regresar a casa. Ya no es seguro.

Chelo, que hace apenas nueve meses se negaba a aceptar la situación, ha tenido que pedir ayuda para que ingresen al joven en algún centro en el que pueda tratarse o su vida "correrá peligro". "Es o su vida o la mía, si vuelve a casa, estaré en peligro de muerte. Seguro", añade.

Tiene 61 años y es profesora de Física y Química en un instituto. Destaca que su hijo, de pequeño, "era muy inteligente" y que fue en la adolescencia cuando empezó a ser más rebelde y a "tener algunos comportamientos extraños".

Antes de cumplir los 20, le diagnosticaron un trastorno esquizoafectivo, es decir, atraviesa periodos de depresión y de psicosis. Ha estudiado de manera intermitente y ha intentado incluso sacarse una carrera universitaria, pero los constantes ingresos psiquiátricos (hasta 20) se lo han impedido.

Ahora tiene 34 años y vive en una casa adyacente en la misma propiedad en el pequeño pueblo El Palomar, en la provincia de Valencia.

Desde 2025, ha sufrido múltiples crisis en las que ha destrozado el motor de la verja de entrada a la casa y las cámaras de seguridad, ha cortado cuatro veces la fibra óptica, ha robado las llaves del coche o el teléfono móvil, ha pinchado las ruedas de los vehículos y ha robado dinero y toda la documentación útil de su madre y la pareja de esta.

"Hasta ahora solo rompía cosas, pero ha subido de tono y su comportamiento ha empeorado de forma exponencial", denuncia esta madre, que alerta del peligro, especialmente después del último brote, tras el cual la Guardia Civil detuvo al joven, que permanece ingresado en el hospital a la espera de juicio.

El pasado viernes 28 de agosto, según relata Chelo, a las 16.00 horas, les dejó encerrados en el interior de la casa, cogió una botella de cloroformo y con un mazo muy pesado intentó romper el gran ventanal de cristal que hay junto a la puerta principal de la vivienda. "Llamé a emergencias y les dije: 'Mi hijo nos quiere matar, necesitamos ayuda urgentemente'", explica.

Chelo, que desconoce realmente si su hijo es consciente de sus actos durante estas crisis, relata con pavor que, al estar encerrados, existía el peligro real de que pudiera romper finalmente el cristal, arrojar el cloroformo y prender fuego a la casa.

Unos meses antes, en un juicio por amenazas, fue ella quien rechazó medidas de protección y aseguró que su hijo "no iba a hacerle nada", pero ante el último brote se vio obligada a pedir una orden de alejamiento. "Ahora soy yo la que lo pide, quiero vivir y tengo que vivir, porque si no nadie se va a preocupar porque él esté bien", apunta.

El principal problema es que el joven se niega a seguir el tratamiento. Según recogen los informes psiquiátricos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "pone dificultades para el mantenimiento del tratamiento", lo que impide encontrar el equilibrio necesario.

De ahí que la violencia siga escalando peldaño a peldaño y Chelo denunciara su caso, como avanzó Levante. Inició el proceso judicial de medidas de apoyo en 2025 el Tribunal de Instancia de Ontinyent, cuando su estado se empezó a deteriorar.

Batalla judicial

"Al principio no tuve ninguna respuesta, hasta que envié una carta al Consejo Superior del Poder Judicial y al día siguiente, el Juzgado me llamó", relata a este periódico.

Empezó entonces lo que para ella ha sido un calvario de burocracia, de recogida de información y de intentar tocar a todas las puertas, con escaso éxito, ya que todavía "sigue esperando una solución" por parte de la justicia y del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), a donde llama prácticamente a diario.

Chelo destaca y agradece el apoyo de la Guardia Civil, de la psiquiatra de su hijo, de la trabajadora social del hospital y hasta del alcalde de su pueblo, pero lamenta que se ha cruzado con otros profesionales, como la trabajadora social del municipio, que "solo han retrasado el caso".

"Cuando mi hijo se enteró de que había iniciado el proceso se produjo la primera amenaza de muerte", señala Chelo, al tiempo que explica que la relación entre ambos, sin embargo, se rompió definitivamente hace dos meses.

Según los informes médicos, el joven de 34 años muestra una sintomatología delirante de contenido persecutorio, de vigilancia y de grandiosidad. Todo ello agravado por una ausencia de conciencia de la enfermedad y por episodios de agresividad.

"Este paciente, pese a que no presenta gran deterioro cognitivo, necesita ayuda, supervisión y apoyo y presenta un elevado riesgo de reagudización", reza el último estudio psiquiátrico, que certifica un mal pronóstico "por las últimas reagudizaciones, la imposible convivencia con los familiares, la escasa conciencia de enfermedad y la reticencia a mantener el tratamiento".

Ante esta situación insostenible, Chelo continúa luchando sola, sin el apoyo del padre según su versión. Pasa los días, encerrada en casa, haciendo escritos, llamando por teléfono al juzgado y yendo de un sitio a otro para reclamar que ella pueda estar segura y que su hijo reciba los tratamientos que necesita para recuperarse.