La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha presentado los últimos informes del caso Azud, centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones valencianas durante 15 años (entre 1999 y 2013). Una investigación que ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios y funcionarios.
Si hace un año remitió al juzgado el análisis final sobre el considerado como gran pelotazo -la llamada Operación Colegios-, ahora ha hecho lo propio con todo el recorrido de los fondos del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
El resultado han sido dos conclusiones relevantes. De un lado, que destinó 1,7 millones de 'mordidas' a inversiones a plazo fijo. De otro, que hubo un total de 70.000 euros que movió de su cuenta del despacho a través de transferencias y que acabaron cancelando un préstamo hipotecario de una vivienda en Valencia de su mujer Asunción Barberá (fallecida en 2023).
La investigación en torno a Corbín dentro de la macrocausa de Azud se centra en una serie de pagos efectuados a su despacho de abogados (Corbín Abogados SL) que provendrían de comisiones ilícitas desembolsadas en atención a diversas decisiones administrativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valencia.
Durante el periodo de tiempo en el que se ha indagado (de 2005 a 2017), al menos el 80% de los 5 millones de ingresos declarados por la sociedad provinieron de mercantiles que, directamente o indirectamente, habrían sido beneficiarias de adjudicaciones públicas u otros actos administrativos del consistorio, principalmente relacionadas con sus competencias en materia urbanística.
Por ejemplo, Acciona, Cleop, Secopsa, Ocide, Cyes o Grupo Axis. Como principal pagadora destacaba otra mercantil, Delum Abogados, de la que percibió un total de 1,7 millones entre 2007 y 2009 que tendrían su origen en una serie de pagos efectuados por diferentes empresas del Grupo Acciona.
Desde que se produjo la primera de esas transferencias de Delum Abogados a la cuenta del despacho comienzan los movimientos: abonos por transferencia y apertura de imposiciones a plazo fijo (productos de ahorro por los que se deposita una cantidad de dinero en un banco durante un plazo de tiempo pactado a cambio de una remuneración a un tipo de interés previamente fijado).
En 2007 hubo un capital de 928.000 euros invertido en IPF, indica la UCO en su informe.
En definitiva, se produce, de acuerdo con la Guardia Civil, la contratación de este tipo de productos de inversión utilizando los fondos (o gran parte de ellos) que se presumen de naturaleza delictiva y provenientes de las diferentes empresas investigadas, aflorando nuevamente en el producto tiempo después según el tipo de contratación efectuada.
Compras, obligaciones tributarias y nóminas
A ello se sumaron otros movimientos aquel 2007. Por una parte, una serie de adeudos y abonos vinculados a la compraventa de activos financieros, aparentemente participaciones preferentes emitidas por Bancaja y productos cotizados en mercados de valores. Así, se registraron suscripciones o compras por valor de 738.043,65 euros y reembolsos por valor de 1.091.681,98 euros.
Por otro lado, diversos adeudos destinados al pago de obligaciones tributarias a la Agencia Tributaria y que para aquel ejercicio sumarían un importe de 306.803,46 euros.
Al margen de ellos, se registraron 25.200 euros en concepto de nómina. Se trataba de pagos de 3.600 euros mensuales, desde el mes de junio a diciembre, de José María Corbín.
Lo mismo sucedió en 2008, cuando si se obvian las IPF abiertas durante ese ejercicio con fondos recuperados de otras IPF, se obtendría una inversión de 840.000 euros. En total entre 2007 y 2008, los 1,76 millones. Todos ellos provenientes de los pagos de empresas y, por tanto, de supuestas mordidas.
De ese año destacan igualmente los 70.001 euros transferidos a una cuenta de Asunción Barberá o 78.106,06 euros de adeudos destinados al pago de un préstamo hipotecario de una vivienda en Valencia de la que era propietaria también su mujer. Dinero proveniente de la cuenta del despacho de abogados.