El caso Azud llega a su fin casi nueve años después de que se iniciara en secreto la investigación y más de un lustro desde que estallaran las dos operaciones policiales que acabaron con el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá; el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; o el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio en prisión.
La plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha sobreseído la causa para 15 personas entre empresarios, funcionarios o cargos vinculados al PSOE en un procedimiento en el que ya no ha acordado ninguna nueva diligencia más. Algo que evidencia que se trata de las últimas decisiones en el marco de la instrucción.
El total de archivos en este caso -supera la veintena de los más de 60 imputados que ha llegado a haber- son importantes porque supone descartar determinados hechos o participaciones presuntamente delictivas en las operaciones investigadas.
Desde 2017, la magistrada Pepa Tarodo ha llevado a cabo las indagaciones junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La causa se ha centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013), ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios.
En diversos autos conocidos este jueves, la jueza ha dictado varios sobreseimientos. El más relevante, por sonado, es el del que fuera tesorero del PSPV Pepe Cataluña. El motivo es la prescripción por dos razones.
De un lado, porque se encontraba imputado en una pieza separada de la macrocausa (la 7) que ha acabado archivada al no poderse seguir los hechos que en ella figuraban y que apuntaban a una financiación irregular del PSPV.
Los investigadores situaron al que fuera responsable de las finanzas del partido durante años como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre los considerados cabecillas -el empresario Jaime Febrer o Alfonso Grau- y ayuntamientos gobernados por los socialistas.
La jueza manifestó en uno de sus escritos que Cataluña "no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
Uno de los registros de la Guardia Civil en su domicilio acabaron por abrir una nueva línea de investigación al hallar allí unos papeles que mostraban, supuestamente, comisiones de grandes constructoras que llegarían hasta un 6% como resultado de adjudicaciones.
El trasvase Júcar-Vinalopó
La operación concreta que llamó la atención de los investigadores fue la del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006, a la cual Acciona y Construcciones Luján concurrieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras. Fueron adjudicatarias del tramo E, el más caro, que ascendió a 39,7 millones de euros.
El concurso del trasvase partió de la empresa estatal Aguas del Júcar, cuyo consejero delegado era José María Marugán hasta que Acuamed tomó el control de forma efectiva de la primera en 2008. Ésta dependía del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía en ese momento Cristina Narbona bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Guardia Civil cree que ese concurso estaba totalmente amañado y que las empresas tenían que abonar comisiones.
En esta pieza figuraban como imputados, además de Cataluña, José María Marugán; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Juan José Moragues; o el empresario Enrique Gimeno (Facsa). A los primeros por no ver acreditada su participación en los hechos y al último por prescripción. Javier Luján (Construcciones Luján) también fue sobreseído en 2024.
Además, y como ya se preveía, no se ha podido acreditar la financiación irregular del PSPV. Este delito no existía en las fechas en las que se produjeron los hechos (2006-2007) y el presunto delito electoral ya estaría prescrito. De manera que no se pudo perseguir y las indagaciones se centraron en la vía del cohecho.
Otros de los archivos han sido para el socio de Jaime Febrer en Construcciones Valencia Constitución (CVC), Juan Vicente Hermosilla Tro; para José Luis Miguel Belenguer, expresidente de la promotora Grupo Onofre Miguel; para un ex responsable de la inmobiliaria Astroc; o para funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que participaron en adjudicaciones a Acciona que se consideran amañadas.
En ninguno de todos estos casos se ha podido acreditar su participación en los delitos.