El PP y Vox han vuelto a mostrar una casi total sintonía en la comisión de Les Corts Valencianes que este lunes debatía y votaba la Ley de Medidas Fiscales o conocida como Ley de Acompañamiento.
Se trata de la norma que suele salir adelante con los Presupuestos de la Generalitat y que funciona como cajón de sastre para modificar multitud de leyes autonómicas. Ambos partidos han aprobado conjuntamente todas las enmiendas menos una, relativa a la promoción interna de los policías locales y a la que Vox ha votado en contra junto a Compromís y el PSPV.
Entre las cuestiones que han acordado los partidos de derechas -y con lo cual el PP se asegura el voto a favor de la ley- se encuentra el paquete de enmiendas sobre la prohibición del burka en espacios públicos. Esto incluye centros sanitarios y educativos, transporte público, espectáculos o actividades recreativas.
La prohibición se extiende igualmente a los empleados públicos para que presten sus servicios y desempeñen sus funciones "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro".
Vox lo ha justificado en una "cuestión de seguridad" y el PP ha cedido en todas estas cuestiones al estilo de los acuerdos que ambos partidos han alcanzado en los pactos de gobierno de otras autonomías.
Además, las enmiendas también incluían que fuera la Policía Local la que controlara los incumplimientos en este aspecto, que pasaban a ser considerados infracción grave.
Menús especiales y 'prioridad nacional'
Entre las cuestiones que han salido igualmente adelante se encuentra la eliminación de los menús especiales en los centros educativos salvo en caso de enfermedad. "Adiós a los menús halal", ha celebrado Vox este lunes.
Como también era previsible, las dos formaciones han aprobado la teoría de la llamada "prioridad nacional", al igual que sucedió en los Presupuestos y que en realidad es inaplicable en la práctica pero consiste en premiar a aquellas personas empadronadas en cualquier municipio.
En este caso, los cambios afectan a la Ley de Vivienda, la de Servicios Sociales y a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En todas ellas cambian los criterios para ser beneficiario de prestaciones o ayudas públicas.
Entre los puntos de baremación a tener en cuenta incluyen la acreditación del "arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento del solicitante en la Comunitat Valenciana y España".
Para ello, han corregido una de las enmiendas relacionadas con las ayudas de vivienda, en la que se especifica que ese arraigo debe quedar acreditado "mediante un acumulado histórico de empadronamiento efectivo de al menos 15 años en cualquier municipio de España", un "periodo acumulado de escolaridad del solicitante en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana y España con el límite máximo del cómputo total de años de escolarización obligatoria" o "la actividad laboral en la Comunitat Valenciana y en España del solicitante, así como la trayectoria de cotización".
Para el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión la exigencia del empadronamiento pasa de 15 meses a 3 años.