El excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, ha presentado una pericial al Tribunal de Instancia número 4 de Valencia, encargado de la causa sobre su título falso. Ésta concluye que la titulación no era necesaria ni para su acceso como funcionario en la Diputación ni para la posterior promoción restringida al puesto de Ayudante de Archivos y Bibliotecas, algo que pasó a situarle en el grupo B (hoy A2).
El documento relativo a un título de diplomado universitario en Archivística y Biblioteconomía incorporado al expediente personal, señala la pericial, "careció de relevancia al no ser determinante para el acceso al grupo de clasificación entonces equivalente al grupo B" con independencia de su valoración "a otros efectos jurídicos".
En lo que no entra el análisis es en los nombramientos posteriores al acceso al cargo de Ayudante de Archivo y Biblioteca. "Nada se puede inferir", indica, del texto de las resoluciones atinentes a dichos nombramientos porque "sería preciso consultar el expediente de cada uno de esos actos".
Los nombramientos y adscripciones dentro de la Diputación de Valencia, prosigue el informe, "se produjeron mediante actos administrativos firmes y consentidos, todos ellos en puestos abiertos al grupo B, luego A2".
"Tiene fundamento la tesis según la cual quien pertenece al grupo B no está impedido a priori en la participación de procesos de provisión propios de movilidad funcional por carecer de título del citado grupo. Es la idoneidad para el puesto lo que sería más relevante para la adjudicación", agrega.
En cuanto a las retribuciones, la pericial valora que "se debieron corresponder con las previstas objetivamente para los puestos efectivamente ocupados, conforme al régimen legal de retribuciones complementarias de la función pública"
Igualmente, apunta que las prolongaciones del servicio activo otorgadas a José María Ángel previas a su jubilación por edad "se rigen por unas normas que no toman en consideración los requisitos para la ocupación del puesto de trabajo tales como la pertenencia al grupo de clasificación del puesto y, en su caso, la disposición del título correspondiente".
El análisis tampoco realiza la revisión de los actos que componen la carrera profesional del ex alto cargo, en particular los que han permitido su movilidad funcional en la Diputación, al encontrar "severos límites".
La pericial ha sido elaborada por Ricardo de Vicente, abogado en ejercicio y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia hasta 2022, además de asesor jurídico y ex letrado de la Generalitat.
La aportación del informe se produce después de que la Fiscalía pidiera al juzgado una serie de diligencias con el objetivo de averiguar si Ángel podía ocupar diversos puestos en la Diputación de Valencia sin tener titulación universitaria.
Anticorrupción ha solicitado que el secretario de la corporación provincial elabore un informe en el que especifique si el excomisionado podía desempeñar los numerosos puestos de trabajo catalogados en el Grupo B (hoy A2) de la Administración en los que estuvo. Algo que extendía al cargo de asesor del PSOE en la Diputación.
A la espera que el juzgado resuelva sobre la petición de la Fiscalía, la pericial presentada por Ángel concluye que para el acceso a esa clasificación no era necesario el título, aunque no desgrana los nombramientos posteriores.