Vox ha concretado en las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 su exigencia sobre la llamada 'prioridad nacional' -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas-. Una manera de presionar al PP liderado por Juanfran Pérez Llorca para dar su apoyo a las cuentas y por lo que ya se han jactado de que serán los primeros presupuestos de España en los que se mencione expresamente el concepto.

Lo hacen a través de los descriptores de objetivos de las líneas de Servicios Sociales y de Vivienda. Los modifican para que "incorporen el principio de la prioridad nacional, adecuada a la legislación vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región".

Esta cuestión se incluye en diversas líneas de ayudas públicas: la financiación de la intervención social de las personas sinhogarismo y para reducir la feminización de la pobreza; el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión y la ampliación de sus beneficiarios; o las ayudas a las familias que puedan facilitar la crianza y manutención de hijos, además de para material escolar y actividades.

Un apartado especial en este mismo sentido de la 'prioridad nacional' se encuentra en la vivienda. Desde las ayudas para su acceso, incluyendo la compraventa y el alquiler de vivienda pública, a las garantías a jóvenes del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Específicamente en el programa de función social de la vivienda sobre el acceso a vivienda pública en régimen de propiedad o de alquiler, desarrolla con un poco más de concreción este principio, pues la 'prioridad nacional' sólo es aplicable si se modifica la ley de Extranjería. El arraigo "real" lo basa en un "empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España".

El "duradero" en que "se valorará, al menos," la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en la Comunitat, así como cualquier otro criterio que acredite la vinculación territorial.

Excluyen en todo ello a aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Y a aquellos contra los que se haya emitido resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda pública.

Recorte a acciones LGTBIQ+

También en los descriptores de objetivos, Vox aprovecha para modificar el programa de Diversidad de la dirección general con estas competencias y eliminar las referencias al colectivo LGTBIQ+ en el primer punto.

Éste se encuentra redactado ahora mismo de la siguiente manera: "Realizar acciones para acabar con la desigualdad de personas LTBIQ+, así como dar un servicio de apoyo y asesoramiento a este colectivo".

Vox incluye una enmienda en la que pide que pase a ser una "programación y ejecución de acciones que tengan por objeto promover la igualdad de todas las personas independientemente de su orientación sexual".

Igualmente, cambia la denominación de algunas de las siguientes líneas -por un valor de unos 170.000 euros- dirigidas todas ellas a actuaciones sobre el colectivo LGTBIQ+.

Retorno y control de fronteras

Vox pide igualmente la práctica supresión de la Oficina Valenciana de Inclusión para convertirla en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno. Algo que acompaña de la reorientación de todas las partidas destinadas a inclusión e integración hacia actuaciones relacionadas con el retorno voluntario, movilizando alrededor de 1,5 millones de euros.

Además, incorpora una nueva partida de 600.000 euros para fomentar y asesorar sobre el retorno voluntario que recorta a la dirección general de diversidad.

Del mismo modo, propone una dotación de 2,35 millones de euros para el retorno de menores ex tutelados; el incremento de hasta 600.000 euros de las actuaciones destinadas al "control de fronteras y la cooperación técnica en materia de inmigración", así como la elaboración de estudios para conocer el "impacto de los cambios sociodemográficos en la delincuencia".

Okupación, AVL y patronal y sindicatos

En cuanto a okupación, piden un incremento de hasta un millón de euros en las ayudas a víctimas de la ocupación ilegal; una nueva partida de 500.000 euros para recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente; y el aumento de la línea de fomento del alquiler hasta el millón de euros.

Entre los ya anunciados tijeretazos destaca, de un lado, una reducción de 972.919,68 euros en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, (AVL). Si el año pasado el recorte ya fue del 25%, el de este año sitúa el ajuste desde 2024 en el 46%.

De otro, se encuentra la reducción del 50 % de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronal respecto a 2024.